La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia de Bolivia acude a distintos organismos internacionales de defensa de los derechos humanos para denunciar que en el Gobierno de Luis Arce hay más de 300 casos de persecución judicial por motivos políticos. Cuentan con documentación detallada de la existencia de 172 presos políticos.
El director ejecutivo del Observatorio, Rubén Darío Cuéllar informó a EL DEBER que la primera entidad internacional a la que acudieron junto al presidente del directorio, José Antonio Rivera, y les recibió en audiencia, fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la OEA. Ante esta instancia se expuso la crisis judicial en Bolivia y cómo afecta a las bases del Estado de Derecho, e incluso amenaza con “acabar con el sistema democrático en Bolivia” debido al sometimiento del Órgano Judicial a intereses políticos de los gobernantes.
“Vamos a hacer las mismas representaciones ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Además, vamos a presentarnos ante Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Cejil (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), por citarle las más grandes para que estas entidades presionen al Gobierno de Bolivia para evitar que esto suceda”, afirmó Cuéllar.
Ante la CIDH
En ese marco, la primera parada de esta agenda internacional fue la CIDH, entidad que recibió en audiencia pública al Observatorio y en la que también estuvo presente el Gobierno boliviano para explicar sus argumentos sobre la crisis del sistema judicial.
“Hemos presentado a la CIDH el informe como una prueba contundente del enorme deterioro que ha sufrido la justicia, con una lista de 172 presos políticos confirmados. Hemos explicado que hemos iniciado con una lista de más de 300 detenidos políticos, pero lamentablemente por las múltiples trabas que pone el Órgano Judicial no tenemos acceso a los expedientes”, explicó Cuéllar.
Y un tema que no se pudo eludir fue la sentencia constitucional 0770/2024 que suspende las elecciones judiciales en cinco departamentos. “Hemos dejado en evidencia que son los propios magistrados auto prorrogados los que han decidido con esta medida mantenerse en el poder hasta más allá de 2026”, relató.