La administración del presidente Luis Arce prevé colocar el próximo año bonos soberanos por un monto de hasta $us 3.000 millones para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivos, según el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 al que accedió La Razón.
La norma autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de lo establecido en los numerales 8 y 10 del Parágrafo I del Artículo 158, y el Artículo 322 de la Constitución Política del Estado (CPE), en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos por un monto de hasta $us 3.000 millones o su equivalente en otras monedas.
El artículo 158 de la Carta Magna dispone aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social. También aprueba la contratación de créditos que comprometan las rentas generales del Estado.
NORMA
El artículo 322 indica que el Legislativo aprobará la contratación de deuda pública cuando “se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias”.
Bolivia efectuó la primera emisión de bonos por $us 500 millones en 2012. La segunda colocación se la hizo en 2013 por otros $us 500. La tercera colocación se registró en marzo de 2017, cuando se emitieron $us 1.000 millones. En 2022 Bolivia colocó $us 850 millones al 7,5% anual.
Las tres primeras colocaciones son a 10 años plazo y las tasas de interés son variables. En la primera emisión la tasa fue de 4,875%, en la segunda de 5,95% y en la última, 4,5%. La última colocación es a un plazo de ocho años. Bolivia ya cumplió con el pago de la primera y la segunda emisión de los bonos soberanos a los acreedores privados. La tercera colocación vence en 2027 y la última en 2032. La emisión de un bono soberano es un instrumento de deuda emitido por un Estado con el objeto de acceder a recursos a través del mercado de capital.