La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) advirtió que la decisión del gobierno de suspender la exportación de aceite está poniendo en riesgo más de 120,000 empleos directos e indirectos, así como la producción de 6 millones de toneladas de granos de soya, maíz, trigo, sorgo y girasol.
Fernando Romero, representante de Anapo, señaló que esta suspensión temporal de exportaciones, aunque sea por decisión gubernamental, perjudica toda la cadena productiva, generando incertidumbre entre los productores, según un reporte de Erbol-Santa Cruz.
Indicó que todos los actores forman parte de una misma cadena y que, por más pequeñas que sean las fisuras, todas confluyen en un círculo vicioso con consecuencias graves, poniendo en riesgo la cadena productiva más importante del país.
Explicó que cualquier distorsión en esta cadena afecta no solo a los productores, sino también a los transportistas y a las empresas que comercializan insumos, ya que no podrán obtener los dólares necesarios para importar lo que se requiere.
«Si no hay exportación, no hay dólares. Esto también impacta a las casas comerciales, y como ejemplo lo menciono, pero todos somos parte de una cadena que debe fortalecerse. No podemos permitir que pequeñas fisuras se conviertan en rupturas», declaró a la prensa.
Anapo informó que cada año obtiene ingresos por exportaciones de aceite y harina por un valor de dos millones de dólares, y que el 80% de los 140.000 pequeños agricultores se verían afectados.
TRES MESES DE SUSPENSIÓN
El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, explicó que la decisión del gobierno de suspender las exportaciones de aceite no fue arbitraria, sino que tuvo en cuenta las necesidades de todos los actores de la cadena productiva.
Aseguró que se realizaron reuniones con productores primarios, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia, y mayoristas y consumidores, para garantizar el abastecimiento en el mercado interno.
Siles precisó que la suspensión de la exportación se mantendrá hasta que se resuelva la escasez del producto y los precios se normalicen. Explicó que el aceite no está llegando de manera adecuada a supermercados, mercados y restaurantes, y que la prioridad del gobierno es asegurar el suministro de alimentos para los bolivianos. Aclaró que esta medida solo afecta a la exportación de aceite, y que otros productos siguen siendo exportables.
El viceministro de Defensa de los Derechos y del Consumidor, Jorge Silva, señaló que la medida tiene un plazo estimado de tres meses, pero podría levantarse antes si la industria garantiza la distribución del aceite a precio justo. Resaltó que, aunque las exportaciones son importantes, la seguridad alimentaria de la población es la principal prioridad del gobierno.
Por su lado, la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) y la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), advirtieron que la suspensión pone en riesgo la sostenibilidad de un sector clave para la generación de divisas.
Indicaron que en reuniones previas con la industria y tras realizar las verificaciones correspondientes, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, había confirmado que existían 39,000 toneladas de aceite disponibles, una cantidad suficiente para cubrir la demanda interna. Sin embargo, a pesar de ello, la suspensión de las exportaciones fue anunciada dos días después, lo que las cámaras interpretaron como un golpe directo a la cadena productiva.
Las cámaras advirtieron que la medida debilita no solo los mercados internacionales de soya y sus derivados, sino que también afecta a los agricultores, complicando el financiamiento para la próxima campaña productiva.