El ministro de Justicia, Cesar Siles, reveló este martes que el expresidente Evo Morales asistió a las audiencias de forma virtual para defenderse del presunto delito de trata de personas que le sigue la Fiscalía Departamental de Tarija.
“Eso sí tengo que decirlo categóricamente. Evo Morales ha comparecido al llamado de la justicia, pero de manera virtual, ha asumido defensa y eso implica que no se ha vulnerado ningún derecho, ninguna garantía y no sé a qué se refieren sus abogados de que no conocían de este proceso”, declaró el titular de Justicia.
La autoridad añadió que el líder cocalero participó tanto de su declaración informativa como de las audiencias incidentales y una serie de actuados que la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informará “con mayor precisión”.
Dijo que estas declaraciones y actuados permitieron a la comisión de fiscales acumular la mayor cantidad de evidencia para hacer una imputación formal.
El lunes, la fiscal Gutiérrez informó que el expresidente fue imputado por el delito de trata y tráfico de personas, además se emitió una orden de aprehensión.
Esto en el marco de la investigación por la denuncia que lo implica con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.
Siles señaló que, como producto de la imputación formal, lo que corresponde es que el juez llame a una audiencia de medidas cautelares, simultáneamente a esta imputación formal.
Indicó que la Fiscalía también ha emitido un orden de aprehensión y no corresponde al Órgano Ejecutivo su ejecución, sino a la Policía Boliviana.
“Esperemos que lo pueda hacer y exhortamos a través de los medios de comunicación que el señor Morales se presente al llamado de la justicia”.
La autoridad señaló que el Gobierno no tiene ninguna intención de vulnerar el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia ni nada en contra de algún ciudadano boliviano, incluyendo el expresidente Evo Morales.
El expresidente denunció este martes que es víctima de una “brutal guerra judicial” y criticó al Gobierno de inventar delitos en su contra.