Achocalla está sin alcalde; organizaciones obstaculizan elección de autoridad interina

La Alcaldía de Achocalla está sin autoridad desde hace 16 días. Pues, la Justicia determinó la detención preventiva del alcalde Manuel Condori, por el deslave en Bajo Llojeta, en La Paz. La pugna por ocupar el cargo se deja sentir entre organizaciones sociales. Unas piden elegir a una autoridad interina, mientras que autoridades agrarias se oponen a ese pedido.

Una fuente allegada a La Razón señaló que hay procesos administrativos que necesitan de la rúbrica del alcalde, por lo cual, se encuentran paralizados. Aunque mencionó que Condori realiza su trabajo desde la cárcel. “Desde ahí (la cárcel) está firmando”.

Se conoce también que Condori envió una carta al Concejo para pedir un tiempo para su regreso a sus funciones, mientras las autoridades judiciales definan si dan curso a la apelación que presentó.

Existe hermetismo de las autoridades municipales y de algunas organizaciones sociales. La Razón se contactó con el director de Gobernabilidad de la Alcaldía, con la presidenta del Concejo, Virginia Illanes, con la concejal Marleny Chávez y el representante del Control Social, Wilfredo Mamani, todos ellos evitaron dar mayores detalles sobre el tema.

El 5 de diciembre, la Justicia determinó enviar de forma preventiva a la cárcel de Patacamaya a Condori por el deslave en Bajo Llojeta, ocurrido el pasado 23 de noviembre y que cobró la vida de una niña y afectó a más de 40 viviendas.

IMPUTACIÓN
El Ministerio Público presentó la imputación por los delitos de incumplimiento de deberes y lesiones leves y graves.

Luego de las pesquisas, que incluyeron las declaraciones de los alcaldes de La Paz y Achocalla, primero como testigos, además de un allanamiento a la Alcaldía de Achocalla, la comisión de fiscales determinó la aprehensión de Condori.

La noche del 23 de noviembre, una mazamorra cubrió gran parte las viviendas de la zona del cauce del río Pasajahuira en Bajo Llojeta.

Según el gobierno municipal de La Paz, el evento ocurrió por movimientos de tierra que realizó la administración del Cementerio Los Andes para ampliar sus terrenos; sin embargo, causó daños en la infraestructura pública, obstrucción de sumideros y bocas de tormenta, entre otros.

SourceLa Razón

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