La CAO rechaza disposición sobre confiscación y dice que generará más ‘especulación’

Con el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 ya vigente, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) manifestó este jueves su rechazo a la disposición séptima sobre confiscaciones y aseguró que generará más “especulación” en el país.

La disposición establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.

Y señala que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

CAO
“Nos mantenemos firmes con la cláusula séptima que interfiere en el proceso armónico de la producción. No pueden estar fiscalizando propiedades o interviniendo la propiedad privada; que es un ente que nos faculta y que tenemos derecho de propiedad”, afirmó José Luis Farah, presidente de la CAO.

Para Farah esa norma atenta contra el sector productivo y privado, pues da vía libre para la intervención; lo que genera más incertidumbre y generará más especulación en los mercados.

“Esto lo que genera es más bien la especulación, lo que genera es incertidumbre y no da una tranquilidad; que es lo que necesita el productor y el boliviano en tratar de ver cómo reacondiciona su trabajo, cómo reactiva su producción”.

Farah dijo que ya existe una ley que sanciona el agio y la especulación y el Gobierno debe fiscalizar y trabajar esas leyes en beneficio de los productores bolivianos.

El PGE 2025 fue puesto en vigencia mediante una ley sin haber sido analizado por la Asamblea Legislativa. Solo la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados llegó a revisar el proyecto; y justamente eliminó la disposición séptima pues ya había generado protestas en varios sectores.

Sin embargo, el Gobierno puso en vigencia el documento sin realizar modificaciones, por lo que la disposición séptima quedó validada.

SourceLa Razón

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