Ecuador, un país pequeño pero rico en recursos naturales, hace apenas unos años apostaba por la energía hidroeléctrica como pilar de su crecimiento y sostenibilidad. En 2007, bajo la presidencia de Rafael Correa, el país comenzó a invertir fuertemente en la expansión de su capacidad energética, confiando en el agua de sus ríos para generar electricidad limpia y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Sin embargo, lo que en su momento se presentó como una solución a los problemas energéticos del país, hoy se ha convertido en una crisis de apagones frecuentes que afecta gravemente tanto a la economía como al bienestar de los ciudadanos.
El auge de la hidroeléctrica
En respuesta a las crecientes demandas de electricidad debido al aumento de la población, el gobierno de Correa no solo construyó nuevas infraestructuras hidroeléctricas, sino que también impulsó una matriz energética más dependiente del agua que de fuentes contaminantes.
Con préstamos millonarios de China, la construcción de grandes presas, como la controversial Coca Codo Sinclair, parecía marcar el inicio de una nueva era. Sin embargo, los defectos de diseño y las acusaciones de corrupción empañaron estos proyectos, que a pesar de aumentar la capacidad de generación energética del país, no anticiparon los efectos del cambio climático y la creciente vulnerabilidad del sistema.
A partir de 2023, los cortes de energía comenzaron a ser frecuentes en todo Ecuador, convirtiéndose en una amenaza diaria. Las consecuencias para la industria han sido devastadoras, con negocios que cierran y sectores como la heladería en la ciudad de Salcedo perdiendo miles de dólares debido a la imposibilidad de mantener los productos refrigerados. La Fundación El Triángulo, que apoya a jóvenes con discapacidad intelectual, también se ve afectada, ya que no puede hacer frente al aumento de los costos energéticos, lo que pone en peligro el acceso a la educación y la formación de sus estudiantes.
El panorama social se agrava
Además de los problemas económicos, las familias más vulnerables son las que sufren las consecuencias más graves. La falta de electricidad pone en riesgo la vida de personas como la joven Katherine Mantilla, cuya hija recién nacida depende de un tanque de oxígeno. Sin recursos para mantenerlo funcionando debido a la escasez de electricidad, Mantilla enfrenta una angustiosa incertidumbre. El panorama social se agrava con la violencia derivada del narcotráfico, lo que solo complica más la situación.
El actual presidente Daniel Noboa, así como sus predecesores, han señalado que la crisis energética no es solo culpa del cambio climático, sino de la falta de mantenimiento a las infraestructuras hidroeléctricas y la falta de diversificación en las fuentes de energía.