La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró este martes que el Gobierno respalda el derecho constitucional a la protesta, pero advirtió que no se tolerarán actos de violencia ni acciones que perjudiquen a la población boliviana.
«El derecho a la protesta está garantizado, como señala la Constitución, pero si ello genera violencia y otro tipo de actos que no podemos permitir, el Estado actuará en el marco de la Constitución», afirmó Alcón desde la Casa Grande del Pueblo en La Paz.
La declaración surge en respuesta a la marcha convocada por seguidores de Evo Morales, que partirá el próximo 10 de enero desde Patacamaya hacia la ciudad de La Paz. Los manifestantes buscan expresar apoyo al dirigente cocalero, quien enfrenta una orden de aprehensión por el caso de trata y tráfico de personas con agravante, relacionado con una supuesta relación con una adolescente de 15 años.
La viceministra enfatizó que el Gobierno está dispuesto a dialogar con los sectores movilizados para buscar soluciones a los conflictos. Sin embargo, recordó los efectos negativos de los bloqueos protagonizados por los seguidores de Morales en 2024, que según datos oficiales, causaron una pérdida económica de más de $us 3.000 millones y generaron violencia en varias regiones del país.
«Estos hechos perjudican la economía y afectan directamente a la población. Este 2025, año del Bicentenario, debemos mostrar unidad, paz social y estabilidad. Reflexionemos sobre el impacto que tienen este tipo de acciones», sostuvo Alcón.