Diferentes confederaciones de gremiales iniciaron sus movilizaciones y medidas en rechazo a la disposición adicional séptima de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza los decomisos.
Un grupo, encabezado por César González a nivel nacional y Édgar Álvarez en Santa Cruz, realizó un ampliado donde analizaban medidas a tomar con este mismo fin, además de exigir soluciones definitivas a la falta de dólares y combustibles.
Después participaron de un ampliado con representantes de otros sectores como el transporte y agropecuarios donde determinaron dar 14 días de plazo al gobierno para abrogar la medida de los decomisos de la ley 1613.
“Antes de llegar a la movilización tenemos 14 días. El Gobierno nacional tiene como plazo prudente todo este tiempo para escuchar las demandas de los sectores”, remarcó González en conferencia de prensa. “Van a poder ingresar a los almacenes de los productores a decomisar, a robar legalmente, porque eso es el decomiso, es un robo legalizado”, fustigó al explicar las razones para el rechazo a la disposición adicional séptima.
Otro sector gremial liderado por Jesús Cahuana protagonizó una marcha en céntricas calles de Santa Cruz exigiendo al gobierno nacional que se anule la medida.
«En sus manos está del gobierno para dar una solución», remarcó Cahuana, durante la marcha que antecedió al ampliado de su federación. Enfatizó que el gobierno incurría en una medida arbitraria si realiza decomisos a sus afiliados.
En La Paz también hubo marcha y reunión de los comerciantes de El Alto, liderados por Toño Siñani, donde coincidieron en dar plazo al gobierno hasta fin de mes para revertir la norma confiscatoria.
El fin de semana, en el afán de calmar los ánimos, el viceministro Jorge Silva, informó que la disposición adicional séptima está en pausa hasta que se apruebe el reglamento, que definirá su alcance y a quienes aplicará.