Los representantes de la cadena productiva ratificaron ampliado multisectorial para el 30 de enero en Sucre, departamento de Chuquisaca, y devolvieron las invitaciones del Gobierno a mesas de trabajo, hasta que no se derogue la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
“Los sectores de la cadena productiva nos hemos reunido, hemos conversado y estamos ratificando el compromiso con nuestro ampliado que vamos a tener el día 30 (de enero) en Sucre. Varios sectores han recibido invitaciones (del Gobierno), hemos devuelto estas invitaciones, indicando que no se va a asistir a ninguna mesa de trabajo, mientras no se derogue la disposición adicional séptima”, indicó Luis Áñez, presidente de la Cámara de Transporte del Oriente.
Aseguró que siempre hay la predisposición para reunirse con el Gobierno, “pero en este momento nuestra única exigencia es derogar la disposición adicional séptima” y de cumplirse esta solicitud podrán sentarse “en todas las mesas de trabajo que ellos quieran”.
Sobre las próximas medidas, Áñez aseguró que estas serán analizadas en el ampliado y no se descartan marchas ni bloqueos.
Con respecto a las declaraciones de algunas autoridades estatales indicando que hay actores que quieren desestabilizar al Gobierno con medidas de protesta, el representante del sector transporte señaló que ellos son instituciones apolíticas y no tienen color político.
“Lo que queremos es trabajar y esta disposición adicional séptima nos está truncando nuestro trabajo” agregó Áñez.
En tanto, Klaus Frerking, vicepresidente Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), manifestó que como sector agropecuario recibieron una invitación del Ministerio de Justicia para una reunión a realizarse el 29 de este mes en la ciudad de La Paz.
“No vamos a participar y oficialmente se está respondiendo la carta, porque el pedido de los sectores es clave: la derogación de la disposición séptima, porque nos está afectando y quitando la seguridad jurídica a todo productor, comerciante y transportista. Entonces necesitamos devolverles esa certidumbre a todas estas instituciones”.
Agregó que las intervenciones no han resuelto los problemas en el abastecimiento de algunos productos y recordó la intervención de bienes arroceros en el Norte Integrado que no solucionó nada hasta la fecha.
“El tema es producir arroz. Nosotros necesitamos las condiciones para que haya una mayor producción de arroz tanto en Santa Cruz como en Beni. No nos olvidemos que se necesitan 120.000 toneladas que el año pasado por temas de combustibles y climáticos no se produjo”.
Esta disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 señala que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.