Tras la inasistencia de empresarios y sectores a una anterior invitación, el Gobierno reiteró la tarde de este martes la convocatoria al diálogo para analizar la vigencia de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que faculta a autoridades a confiscar mercadería con el fin, según el Ejecutivo, de evitar el agio, la especulación y el ocultamiento.
La invitación fue reiterada en una conferencia de prensa de los ministros de Justicia, César Siles, de Desarrollo Rural, Yamil Flores, y de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca.
El ministro Flores indicó que el Gobierno próximamente comunicará el día y la hora en la que se registraría este diálogo.
La semana pasada se emitieron las invitaciones a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) a la Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo (Cainco) de Santa Cruz, al sector exportador y a los gremiales, entre otros, para que asistan a reuniones por separado, esta semana, para que hagan conocer sus observaciones y posiciones respecto a la disposición adicional séptima.
Siles ratificó la posición del Gobierno, en sentido de que con esta disposición no se quiere hacer daño a ningún sector económico, sino que se busca cuidar los intereses de la ciudadanía.
La disposición rechazada establece: “Faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
El martes de la semana pasada, en una reunión multisectorial, los productores y gremialistas dieron plazo hasta el 10 de febrero para que se abrogue esa disposición cuestionada, caso contrario amenazaron con iniciar movilizaciones.
Por otra parte, el sector gremial anunció un ampliado para este 30 de enero, para tomar una posición sobre este tema.