Luego de una reunión de emergencia, el Comité Multisectorial de la cadena productiva se declaró “sorprendido” por la reunión de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) con el Gobierno y desconoció el acuerdo al que llegaron por la “disposición confiscatoria”.
Este martes, la CEPB y autoridades de Gobierno acordaron que la disposición séptima del Presupuesto General del Estado; que establece confiscaciones y decomisos, entre en pausa hasta que exista consenso con los gremios productivos y de comercio.
El presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, recordó este martes que la CEPB nunca participó de los ampliados o movilizaciones.
Asimismo, dijo que otras instancias privadas como la Cámara Nacional de Industria y la Cámara de Exportadores de Bolivia están junto a los multisectores que piden la derogación de la disposición séptima.
“La cadena productiva y de abastecimiento sigue sumando sectores a nivel nacional. Sabemos que el Gobierno ha tenido una reunión con la Confederación de Empresario de Bolivia; ellos nunca participaron en ningún ampliado de la cadena productiva. (…) Estamos llegando a las 45 instituciones y la confederación nunca participó en ampliados o movilizaciones”, cuestionó en conferencia de prensa.
CEPB
Además, preguntó: “¿Cómo se pone una ley en pausa? La única solución es la derogación, es lo que exigimos nosotros”.
Lamentó que el Gobierno señale a los productores como especuladores o que ocasionan agio y recordó que ellos se dedican a “producir, generar empleos y mover la rueda de la economía”.
También remarcó que la disposición séptima es confiscatoria y pone en peligro la propiedad privada; y puso como ejemplo lo que ocurrió a finales de 2024, cuando el Gobierno “se entró a los ingenios arroceros y se llevó el arroz. No lo vamos a permitir, necesitamos seguridad jurídica”.
En la misma línea, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, César González, ratificó las movilizaciones escalonadas de varios gremios en contra de la “disposición confiscatoria”; y descalificó el acuerdo firmado por la CEPB con el Gobierno