El Gobierno defiende los contratos para el desarrollo de la industria del litio en Bolivia, firmados con empresas rusas y chinas. Varios sectores rechazan este acuerdo, que establece que el Estado deberá pagar más de 2.000 millones de dólares por costos de inversión, más intereses y compensación de inflación.
El viceministro de Industrialización, Álvaro Arnez, aclaró las dudas y críticas en torno a los contratos con empresas extranjeras para la industrialización del litio en Bolivia. En una entrevista, desmintió informaciones, aparentemente erróneas, sobre los montos a pagar y las condiciones de inversión.
Varios legisladores señalaron que los contratos no dejan un beneficio económico para el país y da muchas concesiones a las dos empresas que se llevarán a cabo la industrialización del llamado oro blanco.
En este contexto, Según Arnez, el contrato en discusión en la Asamblea Legislativa con el consorcio CBC, liderado por la empresa china CATL, establece que la firma china invertirá $us 1.030 millones en la construcción de una planta y que «el 70% de la economía generada por el proyecto quedará en Bolivia, incluyendo impuestos y otros beneficios económicos».
Respecto a la preocupación sobre el pago de los fondos invertidos por empresas chinas y rusas, el viceministro subrayó: «Definitivamente, ni CATL ni Uranium One son madre Teresa de Calcuta, que van a venir a donar ese dinero. Ellos van a inyectar esa plata y hay que devolverla».
Además, desmintió que «se va a pagar una tasa de interés del 12% sobre el capital inyectado», explicando que este porcentaje fue solo parte de un escenario pesimista en los estudios financieros, pero que la inversión se repagará con la producción y la comercialización del carbonato de litio.
«Como en cualquier inversión, se deben cubrir los costos de producción; pero el Estado boliviano mantiene el control mayoritario con el 51% de las utilidades», afirmó. También destacó que «parte de las ganancias se destinará a un fondo para la construcción de una planta de baterías en el país».
En cuanto a las críticas desde sectores de Potosí, que consideran insuficiente el 3% de regalías, Arnez aseguró que «la determinación del porcentaje depende del Legislativo». Actualmente, se discute en el Senado un proyecto de ley que podría elevar la regalía al 10%.
Sobre la transferencia tecnológica, el viceministro negó que Bolivia deba pagar por patentes. Explicó que, tras 20 años de operación, «la tecnología empleada en la planta pasará a ser propiedad de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), asegurando así el desarrollo tecnológico del país».
Finalmente, Arnez atribuyó parte de las críticas al contexto preelectoral, indicando que «algunos sectores buscan desinformar con fines políticos”.