Abogado de las y los defensores de Tariquía asegura que se demostrará a la CIDH que YPFB desconoció el Acuerdo de Escazú y la propia Constitución Política del Estado en materia de derechos.
Las y los defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, quienes han sido denunciados penalmente a demanda de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) expondrán en audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mala fe del Estado y la vulneración de Derechos Humanos y ambientales a la hora de ejecutar la consulta para imponer el ingreso de petroleras al área protegida.
“El objetivo de esta audiencia es poner en conocimiento de las vías de las garantías constitucionales que se están vulnerando de los comunarios; específicamente de los defensores de la Reserva de Tariquía, posteriormente tendremos la exposición del Estado”, explicó el jurista.
El abogado defensor de 25 de los 29 procesados del caso Tariquía, explicó que en la audiencia con la CIDH también se denunciará al Estado boliviano por el incumplimiento del Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
“No podemos firmar un acuerdo de carácter vinculante a nivel nacional e internacional con la mano izquierda y tratar de borrar con la mano derecha, cuando es de cumplimiento obligatorio, eso es lo que estamos esperando como defensores de Tariquía, estaremos prestos a fundamentar de manera legal y objetiva todos los antecedentes que se tengan recolectados hasta la fecha”, sostuvo.
Una vez se escuche a ambas partes, el jurista explicó que la CIDH dará algunas recomendaciones y algunos plazos para que se dé cumplimiento a las mismas. “El tema de la aplicación del Acuerdo de Escazú del que somos parte como Estado boliviano refrenda que se debe proteger los recursos naturales y los derechos ambientales”, dijo.
Por medio del Acuerdo de Escazú, los Estados firmantes se comprometen a garantizar entornos seguros para las personas defensoras, así como reconocer su labor y proteger sus derechos. Además, estas medidas de protección deben considerar las condiciones particulares de los diferentes colectivos de defensores ambientales.
Criminalización a defensores viola tratados internacionales
A manera de antecedente el abogado explicó que la criminalización en contra de las 29 personas, entre defensoras y defensores ambientales y territoriales, comunarios y dirigentes, la interpuso YPFB a conocimiento del Fiscal del municipio de Entre Ríos del departamento de Tarija. En su calidad de defensa de los denunciados presentó el rechazo de sus defendidos.
“¿Qué antecedentes tenemos?, recolectados desde 1992 actas de asambleas, resoluciones, incluso del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y todos los documentos que hicieron al proceso de socialización por parte de los dirigentes comunarios y defensores de Tariquía, Chiquiacá y lugares aledaños afectados por las operaciones petroleras”, señaló.
Consulta de mala fe
A pesar de los rechazos explícitos, según las denuncias, YPFB se habría valido de autorizaciones irregulares obtenidas en la zona del proyecto Domo Oso X3, la zona de Saicán, para avanzar su proyección de actividad exploratoria en el bloque San Telmo Norte que afecta gran parte de la Reserva, y tiene proyectados también los pozos exploratorios Domo Oso X1 y Domo Oso X2.
Domo Oso X1 y Domo X2 ya cuentan con licencia ambiental obtenida en 2018, la cual debe ser actualizada para conseguir el Formulario Nivel de Categorización Ambiental (FNCA) y elaborar el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para operar.
Recordó que, en todos los casos, las empresas petroleras conciben y realizan las consultas como mero trámite administrativo, para justificar un supuesto respeto a los derechos; pero la consulta como derecho comprende unas condiciones que en las prácticas de las empresas y el Estado no se han cumplido.
Entre estas condiciones está la de permitir el acceso a información amplia, completa y de manera previa; respetar los usos y procedimientos de las comunidades y actuar de buena fe frente a ellas. Estas condiciones que hacen honor a la consulta como un derecho, no se cumplen en las prácticas administrativas y legales de las empresas.
“Todo lo contrario, sus prácticas muestran mala fe frente a las comunidades, injerencia en la vida interna de estas, chantajes, coacciones, promesas inverosímiles, entre otras prácticas”, citó.
En esa línea dijo que se presentó abundante documentación de respaldo que demuestra el rechazo contundente a las operaciones petroleras al interior de la reserva natural de Tariquía, con lo cual se planteó la solicitud de rechazo al proceso penal iniciado en contra de los defensores del área protegida.
Mencionó que YPFB interpuso a favor de Petrobras y en contra de las y los defensores a dos tipos de delitos: a) atentados en contra la libertad de trabajo y b) impedir y estorbar la función pública.
Persiste la demanda ante la Fiscalía
Sobre la base de la documentación entregada a la Fiscalía de Entre Ríos, el jurista informó que el proceso fue rechazado, sin embargo la parte demandante hizo uso del recurso e impugnó la resolución en primera instancia, por lo que el caso se encuentra en revisión ante la fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.
“En ese entendido, toda la documentación presentada ante el Ministerio Público también servirá para dar a conocer a la CIDH porque esos antecedentes han sido valorados por la Fiscalía para rechazar el proceso”, apuntó.