Por décadas, Bolivia ha sido un laboratorio de conflictos donde la lucha por los recursos naturales ha definido el rumbo de su historia. La Guerra del Agua en el año 2000, la Guerra del Gas en 2003 y la incertidumbre que rodea hoy al litio no son meros episodios aislados, sino eslabones de una misma cadena: la disputa por el control de riquezas estratégicas en un país con profundas desigualdades y una política siempre al borde del estallido.
El primer gran levantamiento del siglo XXI en Bolivia fue contra la privatización del agua. La Ley 2029 permitió la concesión del servicio a la empresa Aguas del Tunari, un consorcio con participación de una corporación extranjera, lo que generó tarifas impagables para los cochalas. La población reaccionó con una insurrección que paralizó la ciudad durante meses. El saldo fue de muertos, heridos y un gobierno obligado a dar marcha atrás. Fue una señal de alerta de que, en Bolivia, los recursos no se entregan así nomás.
Apenas tres años después, el gas natural desató una crisis aún mayor. La decisión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada de exportar el gas por Chile, la cual era protestada esgrimiendo, entre otros motivos, que era inaceptable que nuestro gas salga por territorio trasandino –hoy compramos combustible a y a través de ese país, ¡vaya ironía!–. En octubre de 2003, las protestas en El Alto y La Paz fueron brutalmente reprimidas, dejando más de 60 muertos. El costo político fue tan alto que Sánchez de Lozada huyó a Estados Unidos, y Evo Morales emergió como el promotor para impulsar una asamblea constituyente.
Hoy, el recurso que podría traer estabilidad económica al país –o, por el contrario, sumirlo en una crisis– es el litio. Con el mayor yacimiento mundial en el Salar de Uyuni, Bolivia posee un tesoro energético clave para la transición energética mundial. Sin embargo, el modelo de explotación sigue siendo un dilema.
El gobierno ha apostado por acuerdos con empresas “neoimperialistas”, para la construcción de plantas. Este pacto ha despertado suspicacias, pues la ausencia de licitación pública y el secretismo en los términos del acuerdo han generado rechazo en sectores cívicos y políticos. En Potosí, cuna del litio, la historia del saqueo colonial resuena con fuerza. La región, que ya se levantó en 2019 contra el gobierno de Morales por la falta de beneficios locales en la industrialización del litio, podría volver a encenderse si la población percibe que se está repitiendo la vieja historia de rifar recursos y explotación sin desarrollo.
El país ha demostrado que no acepta fácilmente que sus recursos sean manejados sin consulta. El agua y el gas, encendieron revoluciones con la fuerza para tumbar gobiernos. El litio, con su promesa de riqueza, puede convertirse en una oportunidad histórica o en el detonante de un nuevo conflicto.
Si el gobierno no logra demostrar que este modelo beneficiará realmente a Bolivia, el malestar social crecerá. La historia es un animal terco, ya nos ha enseñado que, cuando los bolivianos sienten que les arrebatan sus recursos, la respuesta no es el silencio, sino la calle.