El presidente Luis Arce dijo la noche de este martes que entre 2021 y 2024 el Gobierno destinó aproximadamente $us 10.000 millones para pagar la importación de combustibles y la deuda externa.
“Son más de 10.000 millones de dólares que hemos tenido que pagar por concepto, solamente, de dos rubros en cuatro años: de pago de deuda externa y básicamente la importación de combustibles. Ahí puede la gente rápidamente entender cuál es nuestro problema central”, dijo en DTV.
Respecto a los combustibles, explicó que entre 2019 y 2024, el pago por importación prácticamente se duplicó. Dijo que en 2019 el valor total por la importación era de $us 1.550 millones y en 2025 la cifra subió a $us 3.349 millones.
Esos pagos se dan en un contexto en que el Gobierno no tiene ingresos por financiamiento externo, debido al “bloqueo” de más de $us 1.600 millones en la Asamblea Legislativa, según su explicación.
Indicó que, en 2023, la diferencia negativa entre los dólares que salieron para el pago de la deuda externa y los desembolsos de nuevos créditos fue de $us 366 millones, mientras que en 2024 la diferencia se elevó a $us 852 millones.
Deuda
“Es decir, hemos pagado más 852 millones de dólares de lo que hemos recibido de desembolsos (por créditos). Si uno suma eso con lo que ya tenemos en lo que va de este año, son 1.218 millones de dólares de salida en estos años 23-24 de salida neta”, puntualizó.
Arce explicó que esa salida de dólares para el pago de la deuda externa podía ser compensada con la aprobación de los créditos y viabilizando el ingreso de dólares a la economía.
“Por lo tanto, no es menor, por eso yo siempre lo he ido anunciando, el problema que se iba generando de manera absolutamente deliberada por parte de la Asamblea Legislativa de no aprobar, de no viabilizar recursos que podrían garantizar y estar evitando estas colas (en demanda de combustible)”.
En varias oportunidades, el Presidente se quejó por el “bloqueo” de los créditos en la Asamblea Legislativa.
El fin de semana, dijo que ese bloqueo a créditos por más de $us 1.667 millones perjudica al pueblo boliviano, que no puede acceder a obras como puentes, enlosetados y tinglados.