En noviembre del 2024 el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de ley de “Reactivación de la exploración y explotación de hidrocarburos”, que modifica la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera del 11 de diciembre de 2015. Sin embargo, desde Tarija han expresado su rechazo, ya que se mantiene el artículo con el que se confisca recursos a los niveles subnacionales y universidades.
Cabe mencionar que la Ley 767 ha sido rechazada desde un inicio, ya que en su artículo 11 dispone la creación del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera que se financia con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para incentivar la exploración y explotación de los hidrocarburos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Se confisca el 12% del IDH, antes de la distribución a las entidades territoriales autónomas, universidades públicas.
Sigue la confiscación
El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Adrián Vega, señala que a pesar de existir un proyecto de ley para modificar a la Ley 767, la confiscación del 12% de los recursos del IDH continuará. Lamentó que el Gobierno tenga que atentar en contra de la economía de las gobernaciones, municipios y universidades públicas para cumplir con competencias que son del nivel central.
Vega calificó este proyecto de ley como una medida “parche” a la crisis energética que vive el país, advirtiendo que a corto plazo es la única medida que puede ejecutar el Gobierno hasta que pueda garantizar una nueva ley de hidrocarburos, ya que desde el 2006, cuando se nacionalizan los hidrocarburos en el país, se crea una condición de inseguridad jurídica, lo que ahuyentó a empresas internacionales a invertir en Bolivia, además que las inversiones en este rubro son de alto riesgo y tampoco generan grandes ganancias para aquellos que arriesgan su capital.
“Con este proyecto de ley continúa la confiscación de recursos, eso no se modifica. De hecho, mi persona había presentado hace un año y medio atrás un proyecto de ley para modificar o derogar este artículo confiscatorio de la Ley 767, pero a pesar de esto, no ha sido tratada hasta el día hoy”, mencionó Vega, a tiempo de señalar que su proyecto de ley está archivado en la Comisión de Economía Plural en la Cámara de Diputados que es integrada por legisladores oficialistas.
¿Tendrá apoyo la ley?
A finales del mes de marzo, se había advertido que el Comité de Energía e Hidrocarburos de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de modificación de la Ley 767. Sin embargo, Vega aclaró que a pesar de este pequeño avance, la normativa aún se encuentra paralizada en la ALP.
El legislador mencionó que es necesario contar con inversiones en el área hidrocarburífera, pero expresó su rechazo a que se siga confiscando recursos a las gobernaciones, municipios y universidades que están obligados a pagar una obligación del nivel central, vulnerando las autonomías con una medida centralista.
“Por otro lado, este 12% que han venido confiscando desde el 2015, nunca han rendido cuentas, además que este fondo no ha tenido resultados, si hubiera tenido resultados, con grandes pozos exploratorios, por supuesto que las entidades autónomas estarían contentos de incentivar esta actividad, pero como no hay éxito, es una plata que la han regalado al Gobierno para que la mal administre”, apuntó.
El parlamentario tarijeño señaló que actualmente los niveles subnacionales de gobierno y las universidades están atravesando por una difícil situación financiera, por lo que no están en condiciones de que se les siga confiscando.
Lea Plaza: Se confiscaron $us 60,90 millones en nueve años
El asambleísta departamental por Unidos, Mauricio Lea Plaza, señaló que entre la gestión 2016 al 2024 se han confiscado 60,90 millones de dólares por concepto de la Ley 767 para el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera.
Según un análisis realizado por el legislador, en base a los recursos que ingresaron por IDH al departamento de Tarija, detalla que en este periodo de tiempo, la Gobernación de Tarija dejó de percibir 87,67 millones de bolivianos; los gobiernos municipales dejaron de recibir 302,38 millones y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) no recibió 31,83 millones. Lo que se traduce en 60,90 millones de dólares.
Lea Plaza indicó que la Ley 767 tenía el propósito de incentivar a las empresas para que realicen exploración, y en la gestión 2015 el Gobierno se había comprometido con las gobernaciones, municipios y universidades, que por cada dólar que aporten iban a recibir 8 dólares a cambio.
“Supuestamente este fondo iba a permitir una rápida ampliación de las reservas de gas, a través del incentivo a la exploración, han pasado 10 años, y lamentablemente eso no ha ocurrido, no hubo nuevos proyectos exploratorios, no se ha aplicado prácticamente la ley, no se han movilizado los recursos que han aportado las distintas instancias de gobierno”, indicó.
La autoridad se animó a precisar, que los recursos aportados para este fondo, ya no están disponibles físicamente en el Banco Central de Bolivia (BCB), sino que apenas existe en papeles.
“Estos recursos prácticamente no han sido utilizados en nuevos proyectos exploratorios, no se utilizaron porque ha estado mal pensada la ley, mal planteada”, apuntó.