Industria energética, 25 años de transformación y desafíos

En los últimos 25 años, la industria energética en Bolivia experimentó cambios profundos que han moldeado su actual situación de crisis. Francesco Zaratti, físico y analista, expuso una crónica detallada de la transformación del sector, desde la nacionalización hasta la necesidad de una reestructuración urgente.
El experto recordó que el proceso nacionalizador inició con “la guerra del gas” y se consolidó con el Referéndum de 2004 y la Ley de Hidrocarburos 3058. Su punto culminante llegó en 2006 con los decretos de nacionalización del gobierno de Evo Morales. Sin embargo, este modelo derivó en el colapso del sector, dejando al país sin reservas suficientes y sin mercados a los cuales exportar su gas. Zaratti destacó que el último gran descubrimiento de gas fue Incahuasi en 2003, previo a la nacionalización, lo que demuestra la falta de nuevos e importantes hallazgos en las últimas dos décadas.
En el auge del sector, Bolivia se perfilaba como un actor clave en la provisión y distribución de gas en el Cono Sur. Sin embargo, esta visión se diluyó y el país terminó limitado a ser una nación de tránsito para los grandes flujos energéticos. Pese a la monetización de más de 10 TCF de reservas de gas, que generaron ingresos estatales superiores a los 50 mil millones de dólares, se desaprovechó la oportunidad de modernizar el Estado y reducir las desigualdades sociales.
El modelo de nacionalización ahuyentó la inversión privada, particularmente aquella de riesgo en exploración, lo que impidió la reposición de las reservas de gas consumidas, dijo Zaratti a tiempo de señalar que los intentos por atraer capitales fueron infructuosos debido a un marco normativo restrictivo, diseñado para frenar gobiernos “neoliberales”.
Con el paso del tiempo, los campos se agotaron y la industrialización, que se presentaba como la gran solución, fracasó, mientras el país se mostraba incapaz de rediseñar su política energética según las nuevas circunstancias.
Ante el fracaso del modelo vigente, Zaratti planteó la necesidad de encarar cambios, sin nostalgias del pasado y con un enfoque pragmático. Para ello, destacó cuatro puntos esenciales:
Cambio de normas y de “chip” ideológico: Si se mantiene la misma estrategia, no se superará la crisis. Es fundamental reestructurar YPFB como una empresa mixta y no monopólica, eliminando las restricciones impuestas por la nacionalización.
Transición energética: Más que una tendencia global, en Bolivia es una necesidad. Se requiere una política que fomente la diversificación de la matriz energética, con inversión en infraestructura y la participación del capital privado en energías renovables.
Nueva Ley de Electricidad: La legislación vigente está obsoleta y debe reformularse para incluir fuentes de energías no convencionales. Según Zaratti, el futuro energético del país está en la electricidad.
Control de daños con ajustes inmediatos: Es urgente mejorar los incentivos para la exploración, ajustar los precios del gas en el mercado interno para garantizar el suministro y promover la conversión vehicular a GNV para reducir la dependencia de carburantes importados. También es imprescindible eliminar el subsidio universal y liberalizar la importación y comercialización de combustibles.
Según Zaratti, es momento de adoptar una visión que permita transformar la política energética, apostando por la diversificación y la modernización.
Solo así se podrá evitar que el país quede rezagado en un contexto global que avanza hacia nuevas fuentes de energía y mercados cada vez más competitivos.
Por su lado, Fernando Romero, analista y presidente del Colegio de Economistas de Tarija, coincidió que uno de los hitos más relevantes en la historia del sector hidrocarburífero en Bolivia fue el inicio de la exportación de gas natural a Brasil en 1999. Por otro lado, recordó que también hubo un episodio trascendental que derivó en una frustrada alianza con el consorcio Pacific LNG, que buscaba exportar gas boliviano a través de un gasoducto hacia un puerto en Chile o Perú.
El proyecto incluía la construcción de una planta de licuefacción en la costa del Pacífico y una terminal de regasificación en Baja California, desde donde se abastecería a México y el sur de Estados Unidos.
Sin embargo, el rechazo a esta iniciativa, motivado por posiciones nacionalistas, impidió la concreción de un negocio que habría tenido un impacto sin precedentes en el sector energético y económico del país, aclaró el analista tarijeño.
Otro punto, en esta historia, es el impacto de la Ley de Hidrocarburos y la posterior nacionalización del sector, aprobada a través del Decreto Supremo 27449, la normativa definió la política energética del país y estableció un nuevo régimen de explotación de los recursos. “Este cambio permitió al Estado capturar mayores ingresos, pero generó un entorno menos atractivo para la inversión extranjera, limitando la exploración y el desarrollo de nuevos yacimientos”, coincidió con Zaratti.
“En retrospectiva, la política hidrocarburífera de los últimos 25 años ha mostrado más sombras que luces”, acotó Romero a tiempo de indicar que los hechos más importantes han denotado una crisis no solo por la declinación de los campos sino también por la Ley de Hidrocarburos incipiente y no se repusieron las reservas. Es urgente, hoy más que nunca”, remarcó el analista.