La jueza Lilian Moreno Cuéllar, quien dictó resoluciones a favor del expresidente Evo Morales en un caso por estupro y trata de personas, será enviada a prisión preventiva por 30 días. Deberá cumplir esa medida cautelar en el penal de Palmasola de Santa Cruz, posiblemente desde hoy, pero una vez que se cumpla su traslado desde La Paz, donde radica el proceso en su contra. Entre tanto, el Tribunal de Justicia de Tarija retomó el control de la causa penal contra Morales.
Moreno fue detenida el lunes en el municipio cruceño de La Guardia cuando se dirigía a su fuente laboral. La orden de aprehensión fue emitida el 3 de mayo, dos días después de que la jueza dictara un fallo que anulaba la imputación fiscal y el mandamiento de aprehensión vigente contra Morales, quien es investigado por estupro, trata y abuso a menores, delitos que pudo cometer en 2015.
A raíz de ese fallo en favor del exmandatario, el Ministerio de Justicia activó, a finales de la semana pasada, una denuncia penal por prevaricato. Ayer, antes de la audiencia, la Fiscalía imputó a Moreno de “resoluciones ilegales en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, e incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia previstos en los artículos 179 y 154 del Código Penal”. Estos cargos se sancionan con hasta 10 años de prisión.
La defensa de la jueza Vladimir Honor sostuvo ayer en la audiencia que no existen pruebas de un favorecimiento doloso al exmandatario, mientras que la Fiscalía aseguró que ya hay elementos de convicción suficientes para abrir un proceso penal. La jueza Ximena Palacios que atendió este caso validó la postura del Ministerio Público y falló contra su colega cruceña, aunque no remitió el expediente a la Dirección de Régimen Penitenciario para viabilizar el traslado.
Pero, el trasfondo de esta controversia es el proceso judicial que enfrenta Evo Morales, acusado de haber mantenido en 2015 una relación con una adolescente, hoy mayor de edad. La joven presentó la denuncia en 2020, pero el caso fue cerrado ese mismo año. En octubre de 2024, la Fiscalía Departamental de Tarija decidió reabrirlo tras considerar que surgieron nuevos elementos que ameritan una investigación.
Desde entonces, Morales fue citado varias veces para declarar, pero nunca se presentó. Por ello, el 9 de octubre de 2024 se emitió una orden de aprehensión en su contra, que hasta hoy no ha sido ejecutada. El expresidente permanece en el trópico de Cochabamba, bastión de sus bases cocaleras, desde donde alega que una resolución constitucional le garantiza libertad plena. Según Morales, solo el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) puede revocar dicha resolución de Moreno.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público sostienen que el caso debe resolverse por la vía ordinaria y que no existe ningún impedimento legal para la continuidad del proceso. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, confirmó que el Juzgado Quinto Penal Anticorrupción de ese departamento tiene plena competencia para juzgar al exmandatario por estos cargos.
Ortiz explicó que la competencia fue ratificada por una acción de libertad y por una sala constitucional, que rechazó el intento de trasladar el caso al trópico cochabambino. En esa misma línea, el ministro de Justicia, César Siles, afirmó: “El señor Morales se ha sometido al juez de Tarija, ha presentado incidentes, excepciones y otros recursos. No puede ahora alegar que la competencia le corresponde a otra jurisdicción”.
Siles también cuestionó el fallo de la jueza Moreno, argumentando que no correspondía anular el proceso cuando el imputado ya ejerció defensa plena ante la jurisdicción departamental de Tarija.
Desde el trópico, Morales evitó referirse al fondo de la acusación por abuso a menores, pero aprovechó la detención de la jueza Moreno para reforzar su discurso de persecución política. “Aquí no hay debido proceso. Solo hay un Estado corrupto que no respeta las normas”, declaró el exmandatario ayer ante sus bases. Reiteró que el pedido de aprehensión es ilegal y denunció violación a sus derechos.
La exministra Teresa Morales y otras exautoridades cercanas al expresidente anunciaron que presentarán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando violaciones a los derechos fundamentales de Moreno.
En Santa Cruz, el empresario Branco Marinkovic dijo: “Si cualquiera de nosotros hubise hecho eso, ya estaría linchado”. El expresidente Jorge Quiroga recordó que en 2018 un albañil fue apresado por protestar contra Morales.