Después de semanas de escasez de combustibles que causaron largas filas en surtidores, malestar ciudadano y cuestionamientos al modelo energético boliviano, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, anunció este domingo que, desde el lunes 26 de mayo se restablecerá en un 100% el suministro de gasolina y diésel en las ciudades del eje central, es decir, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
“La logística está totalmente regularizada en el eje troncal. Desde mañana (lunes) ya se podrá abastecer con normalidad en los surtidores. Este lunes se estabiliza el servicio al 100%”, declaró Gallardo en conferencia de prensa, agregando que la situación se normalizará progresivamente en las regiones más alejadas del país.
No obstante, el ministro reconoció que la crisis evidenció fragilidades de fondo en el sistema de provisión de carburantes, particularmente en lo que respecta a la capacidad de almacenamiento, la dependencia de las importaciones y la falta de divisas.
“Tenemos una logística extremadamente sensible. Basta una lluvia, un conflicto social, un bloqueo o un fenómeno externo como el cierre de un puerto para que se interrumpa todo el sistema de suministro. Hay que decirlo con claridad: hay que invertir más en logística, en almacenamiento y en producción”, sostuvo la autoridad.
Gallardo aseguró que la escasez no fue producto de una falta de combustible en el país, sino de los problemas logísticos provocados por las marejadas en el puerto de Arica (Perú), que retrasaron la importación, y por las restricciones en la distribución a raíz del conflicto con los transportistas cisternistas, quienes realizaron bloqueos exigiendo la nivelación de las tarifas de fletes.
Aunque evitó profundizar en las causas estructurales de la crisis, el ministro sí responsabilizó al Legislativo por el bloqueo a proyectos de ley que permitirían acceder a créditos internacionales. Según dijo, estos recursos habrían servido para comprar más carburantes y garantizar mayores márgenes de seguridad.
“El bloqueo de créditos nos ha impedido contar con los recursos suficientes para comprar combustible en los mercados internacionales y mejorar nuestra capacidad de respuesta. Hemos tenido que hacer esfuerzos extraordinarios con las reservas disponibles”, declaró.
En paralelo, el Gobierno implementó medidas para “transparentar” el uso del combustible en el país, incluyendo restricciones al expendio en bidones y a vehículos que funcionan con gas natural vehicular (GNV). Estas acciones generaron molestias entre sectores productivos y transportistas, pero el Ejecutivo las justificó como necesarias para frenar el desvío y el contrabando.
Pese al anuncio de normalización, expertos y sectores económicos han advertido que la crisis es una señal de alerta sobre la sostenibilidad del modelo energético. Bolivia importa alrededor del 70% del diésel que consume y destina más de $us 1.700 millones al año en subvenciones a los hidrocarburos, según datos oficiales.
A esto se suma la caída sostenida de la producción de gas natural y la falta de nuevas inversiones en exploración.
Desde el sector privado y académico, crecen las voces que piden una reforma estructural del modelo energético, con mayor participación del sector privado, inversión en exploración y una política clara para garantizar la seguridad energética a largo plazo.
Gallardo no abordó estos temas en detalle, pero aseguró que el Gobierno “trabaja en soluciones de fondo”. No ofreció plazos ni proyectos concretos.