Las 53 comunidades originarias de la provincia Nor Lípez, en el suroeste de Bolivia, lograron que la justicia ordene la paralización temporal de los contratos de litio firmados entre el Gobierno y empresas extranjeras, tras denunciar que no fueron consultadas ni informadas sobre los impactos de estos megaproyectos.
Iván Calcina Copa, secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, informó que el pasado 12 de mayo presentaron una Acción Popular ante un juez de Colcha “K”, pidiendo que se suspendan los contratos hasta que se realice un estudio integral acumulativo de impacto ambiental, una consulta previa legítima a las comunidades y se inicie la construcción participativa de una ley marco del litio.
“No estamos en contra de los proyectos, pero exigimos respeto, información y consulta. Las obras avanzan sin que sepamos qué se está haciendo”, reclamó Calcina en una entrevista con RTP.
Según Calcina, el juez dispuso como medida cautelar la suspensión inmediata del tratamiento legislativo de los contratos. Además, ordenó a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos y Energía abstenerse de ejecutar cualquier acción administrativa u obra relacionada con esos convenios, hasta que se resuelva de fondo la acción legal. La próxima audiencia está fijada para el 5 de junio.
“El desarrollo no puede pasar por encima de nuestra agua y nuestros derechos. Queremos una información clara y concisa, que nos digan qué va a pasar acá en cinco o diez años. A no contar con ningún tipo de información, más susceptibles se oponen las comunidades”, dijo.
Temor por el agua y la biodiversidad
Las comunidades expresaron su profunda preocupación por el daño ambiental que se puede ocasionar con la explotación de litio. Según Calcina, no se ha realizado ningún estudio serio sobre el impacto en la fauna, la flora y el acceso al agua, recurso escaso en la zona.
“El 95% de nuestras comunidades consume agua de pozo, no hay vertientes. Sin agua, ni la gente ni los animales pueden vivir”, explicó.
Además, denunció que ya hay movimiento de maquinaria y vehículos en algunos puntos cercanos al Salar, sin que las comunidades sepan qué tipo de trabajos se están haciendo.
Reclamo por el derecho a ser parte
“Nos preocupa el futuro, ¿qué pasará en cinco o diez años si esto sigue sin control?”, se pregunta Calcina. Subraya que las comunidades no se oponen al desarrollo, pero que este debe hacerse con información, participación y respeto a los derechos indígenas.
Finalmente, advirtió que el Gobierno puede apelar la decisión judicial, pero pidió que se priorice el diálogo antes que la confrontación. “Los contratos existen, pero antes de cualquier actividad debe cumplirse la ley, y eso incluye la consulta previa”, sentenció.