Decenas de pacientes con insuficiencia renal crónica protagonizaron una marcha de protesta en el centro de Santa Cruz para exigir al Ministerio de Salud el pago de deudas acumuladas con clínicas privadas y centros hospitalarios donde realizan sus tratamientos de hemodiálisis y trasplantes. La movilización llegó hasta el Cristo Redentor, donde bloquearon la avenida por varias horas. Pese su estado delicado, desafiaron las bajas temperaturas para hacerse escuchar.
La movilización fue encabezada por representantes de la Asociación Vida y Esperanza de los Enfermos Renales, quienes denunciaron que desde noviembre de 2024 no se han efectuado los pagos correspondientes a los convenios establecidos con diversas unidades médicas. Uno de los hechos más graves que detonó la protesta fue la suspensión de trasplantes renales en la Clínica Incor, decisión que ha afectado directamente a más de 15 personas que ya estaban programadas para recibir un nuevo riñón.
“Nos dieron la triste noticia de que la Clínica Incor ya no va a realizar más trasplantes en Santa Cruz, debido al incumplimiento del Ministerio de Salud. No conocemos cuánto exactamente se debe, porque el convenio no se ha hecho público. Solo sabemos que todo está paralizado y hay pacientes llorando porque ya tenían todo listo para el trasplante”, expresó Marco Antonio Torrez, secretario de organización de la Asociación.
Los dirigentes afirman que la situación se ha vuelto insostenible para muchas clínicas, donde la falta de insumos y medicamentos pone en riesgo la vida de los pacientes.
Según el vicepresidente de la Asociación, Willy Quispe, el Gobierno adeuda hasta seis meses de servicios a las unidades médicas privadas. “Hoy en día están por tirar la toalla porque ya no abastecen. Los medicamentos y los insumos han subido de precio y si estas unidades cierran, ¿a dónde van a ir esos 1.300 pacientes?”, cuestionó.
Por su parte, René Hernández, presidente de la Asociación, recordó que esta no es la primera vez que alertan sobre la crisis. “Tuvimos una marcha hace un mes. Nos declaramos en huelga de hambre en la plaza principal. Vino la doctora Edén Camauri, directora del Programa Nacional Renal, y se comprometió a regularizar los pagos. Hasta ahora no tenemos respuesta, y cuando llamamos ya ni contestan el teléfono”, relató.