La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) encendió las alarmas ante las propuestas de implementar un nuevo diferimiento obligatorio en el pago de créditos. Según el gremio bancario, una medida de este tipo podría comprometer seriamente la estabilidad del sistema financiero y restringir aún más el acceso al crédito, especialmente para las microempresas.
“El dinero que prestan los bancos no es suyo, es de los ahorristas”, recuerdan desde Asoban, y por eso cualquier medida que afecte la recuperación de esos recursos pone en riesgo el flujo de fondos hacia actividades productivas y familiares.
Uno de los principales temores es que esta medida debilite la cultura de pago, desaliente a los buenos pagadores y obligue a la banca a endurecer los requisitos para nuevos créditos, afectando principalmente a los sectores más frágiles de la economía, como los microempresarios.
“En lugar de solucionar los problemas económicos, podría generar más desempleo, pobreza y exclusión financiera”, señala el pronunciamiento de la entidad.
Asoban insiste en que la banca ya viene trabajando con los prestatarios en situaciones difíciles, caso por caso, para ofrecer soluciones viables y responsables. Por eso, llaman a las autoridades a evitar medidas generalizadas y, en su lugar, impulsar políticas que realmente apoyen la recuperación económica sin comprometer la confianza del sistema.
El mensaje de la banca es claro: cuidar la estabilidad financiera es clave para asegurar que el crédito siga fluyendo, sobre todo en tiempos difíciles.
Qué dice la norma de la ASFI
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que, a través de la Carta Circular 1614/2025, instruyó a la banca atender y analizar las solicitudes de prestatarios afectados en sus actividades por factores inherentes a la coyuntura económica que atraviesa el país.
“Se instruye a las Entidades de Intermediación Financiera y a las Empresas de Arrendamiento Financiero, atender y analizar las solicitudes de refinanciamiento y/o reprogramación de los mencionados prestatarios”, se lee en la carta fechada el 30 de mayo y firmada por la directora ejecutiva de la ASFI, Ivette Espinoza.