A semanas del cierre de gestión gubernamental y en medio de una crisis múltiple, el país enfrenta decisiones críticas sobre el litio. Es momento de frenar compromisos de largo plazo con intereses externos y de abrir paso a una transición democrática, transparente y responsable. El litio debe formar parte de un nuevo pacto nacional y no ser el legado opaco de un ciclo que concluye.
En puertas de un cambio de gobierno y en medio de una severa crisis económica, política y social, Bolivia enfrenta una decisión crítica. La Asamblea Legislativa Plurinacional debe detener el trámite legislativo y rechazar la aprobación de los contratos sobre el litio suscritos recientemente con empresas de rusa y china. Estos acuerdos son desventajosos para el país, comprometen recursos estratégicos en condiciones opacas y nos atan décadas a un modelo extractivista que no responde al interés nacional.
El proyecto del litio debe ser transferido al próximo gobierno. Será tarea del nuevo liderazgo nacional diseñar, con visión plural de largo plazo, una estrategia integral, sostenible y soberana para la industrialización de este recurso. En este momento, lo responsable es abrir un periodo de transición institucional ordenado, y no cerrar apresuradamente compromisos que hipotecan el futuro.
Una oportunidad que no debe repetirse
Desde 2008, Bolivia ha buscado construir una política nacional del litio basada en el control estatal del recurso. Se han invertido más de mil millones de dólares en estos años, pero los resultados siguen siendo escasos. No hemos logrado incorporarnos a la cadena de valor global del litio, ni consolidar capacidades industriales, tecnológicas o institucionales. Tampoco hemos forjado alianzas estratégicas equilibradas, aspectos sobre los que me pronuncié en 2024.
Ahora, el gobierno actual ha suscrito contratos con empresas extranjeras -una rusa y otra china- que comprometen al país por varias décadas. Bolivia aporta el recurso natural, el territorio, el riesgo ambiental y una nueva deuda externa. A cambio, no accede a transferencia tecnológica, conocimiento, ni a soberanía económica. Este modelo nos relega nuevamente al rol de simples proveedores de materia prima, excluidos del proceso de aprendizaje industrial y del valor agregado.
Señales inquietantes y presiones indebidas
En los últimos días se han registrado hechos preocupantes. Se estaría insistiendo en aprobar los contratos, pese a un reciente fallo judicial favorable a la Central de Comunidades Originarias de los salares. Habría presiones para revertir ese fallo. Al mismo tiempo, cooperativas mineras -aliadas políticas del gobierno- piden modificar la reserva fiscal del Salar de Uyuni para permitir la explotación privada del litio. Esto vulnera principios constitucionales y pone en riesgo uno de los ecosistemas más valiosos del país.
Más aún, sin contar con la aprobación legislativa necesaria, las empresas extranjeras ya estarían ejecutando trabajos in situ. Estas acciones comprometen no sólo la legalidad del proceso, sino también su transparencia. Configuran hechos consumados que pueden dañar de manera irreversible la institucionalidad democrática.
Como si fuera poco, el embajador de Rusia en Bolivia ha intervenido públicamente en este proceso, reclamando por la “demora excesiva” en el tratamiento legislativo. Este tipo de declaraciones, más cercanas a la presión política que a la diplomacia, son inaceptables en un Estado soberano.
El litio debe ser parte de un nuevo modelo
La industrialización del litio es un desafío estratégico para Bolivia en un mundo en transición energética y geopolítica. No es la solución milagrosa ni el “oro blanco” que resolverá todos nuestros problemas. Pero sí puede convertirse en un eje importante dentro de un modelo de desarrollo sostenible, diversificado y con visión plural de país.
Ese modelo debe incluir participación real de las comunidades locales, una política integral de desarrollo para el altiplano y una articulación entre minería, conocimiento, turismo y medioambiente. Hoy no contamos con esa estrategia. Por eso, no debemos apresurar decisiones que comprometan a Bolivia por décadas.
Transición con responsabilidad democrática
Por todo lo anterior, es urgente y necesario que la Asamblea Legislativa rechace formalmente estos contratos y que el Gobierno, con responsabilidad institucional, proceda a su retiro. Es momento de actuar con madurez, respetando la institucionalidad democrática y el mandato ciudadano.
Yacimientos de Litio Bolivianos y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías deben ordenar técnicamente el estado actual del proyecto, abstenerse de tomar compromisos más allá de 2025 y preparar una transferencia transparente en los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, administrativos y ambientales.
El litio no puede ser el último elefante blanco de un ciclo que termina. Debe ser el primer peldaño de un nuevo modelo de desarrollo para Bolivia.