Iván Campero Villalba, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de La Paz, fue aprehendido ayer luego de presentarse voluntariamente a declarar ante la Fiscalía, en el marco del caso de manipulación judicial que provocó la renuncia del exministro de Justicia, César Siles. Campero está siendo investigado por los delitos de tráfico de influencias y consorcio de servidores judiciales.
Según el requerimiento fiscal, Campero puede ser el principal beneficiado de la maniobra para destituir de manera irregular a la magistrada titular Fanny Coaquira. La operación se apoyaba en una acción de cumplimiento que, de acuerdo con los investigadores, fue sustentada con argumentos falsos e incongruentes. De haberse concretado la remoción de Coaquira, Campero estaba en la línea institucional para asumir la titularidad del cargo.
Con esta aprehensión, ya suman tres los detenidos en este escándalo que golpea al corazón del sistema judicial boliviano. El primero fue el juez de Instrucción Penal de Coroico, Marcelo Lea Plaza, luego fue la vocal de la Sala Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro, quien fue aprehendida el lunes. Se trata de una autoridad judicial que estuvo al frente de decisiones vinculadas con casos judiciales de origen político.
Un audio que destapó la trama
El caso se destapó tras la filtración de un registro de audio atribuido al juez Lea Plaza y al entonces ministro César Siles. En el intercambio de voces, según los investigadores, puede haber una estrategia para apartar a Coaquira y facilitar el ascenso de Campero. En la conversación se menciona también al entonces presidente del TDJ de La Paz, Yván Córdova, y a la vocal Castro, señalada como una de las coordinadoras clave del plan.
Ante este escenario, hubo una reacción institucional y un llamado a defender la independencia judicial. De hecho, hubo una reunión de emergencia entre los presidentes del TSJ, Romer Saucedo; del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista; y del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez. En una declaración conjunta, las autoridades reafirmaron su compromiso con la independencia del Órgano Judicial, anunciaron la creación de un observatorio institucional y exigieron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se pronuncie sobre las acciones planteadas contra magistrados electos. Eso sí, también saltaron evidencias sobre la eventual falsedad de los documentos que presentó Coaquira para terciar por la silla de la magistratura que ocupa desde enero.
En tanto, el TCP —el único alto tribunal que no asistió a la cita— fue uno de los principales aludidos en el pronunciamiento, ya que su falta de acción en este contexto ha sido interpretada como una omisión preocupante.
Durante la conferencia, Saucedo advirtió que ninguna autoridad judicial puede suspender a un magistrado electo por voto popular, ya que esa es una prerrogativa exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Asimismo, aseguró que se mantendrá la unidad institucional para evitar un “golpe interno” al sistema judicial.
Evidencias
La investigación tiene como pieza central el teléfono celular del juez Lea Plaza, que fue secuestrado el 12 de junio, durante el allanamiento al Juzgado Público Mixto de Coroico. En el dispositivo se encontró la resolución de la acción de cumplimiento que ordenaba la inhabilitación de Coaquira.
Además, se hallaron conversaciones por llamadas, mensajes, audios y fotografías que involucran al juez Lea Plaza, la vocal Castro, el expresidente del TDJ Yván Córdova y al exministro Siles. Los registros se remontan al 19 de mayo y detallan coordinaciones minuciosas entre los implicados. Uno de los mensajes más comprometedores fue enviado por Lea Plaza a Castro:
—“Dra. ¿Dónde será el encuentro?”, preguntó él.
—“Véngase al piso 7 del shopping (norte) ”, respondió ella, en alusión a su oficina en La Paz.
El 4 de junio se registra una conversación con Córdova. Y el 8 de junio, según los investigadores, la vocal Castro envió el fallo redactado directamente al celular del juez Lea Plaza, para que él solo tuviera que firmarlo.
También se documentan instrucciones sobre a quién y cómo notificar el fallo.
Operativos
En una acción conjunta, fiscales y agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) allanaron ayer la oficina de Claudia Castro, ubicada en el piso 7 del edificio Shopping Norte. Durante el procedimiento se secuestraron documentos, computadoras y discos duros que ahora forman parte del cúmulo probatorio.
Horas antes del allanamiento, Castro presentó su renuncia irrevocable al TDJ paceño, alegando motivos personales y denuncias “sin sustento legal”. En su carta, la ahora exvocal expresó:
—“Tengo el deber moral de demostrar mi inocencia”.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, adelantó en contacto con EL DEBER Radio que podría haber más personas involucradas. Valoró la acción de la Fiscalía para asegurar pruebas sólidas que permitan llevar el caso a juicio.
—“Con seguridad, esto ha sido planificado entre varios actores. Las primeras investigaciones ya han identificado a algunos con detención preventiva, otros aprehendidos y otros aún bajo investigación”, declaró Saucedo.
Para el titular del TSJ, este caso no solo representa un atentado contra la institucionalidad judicial, sino también un riesgo para la democracia: “Si con una medida cautelar se puede desconocer la voluntad del voto, qué impide que se intente algo similar tras unas elecciones presidenciales?”, advirtió la autoridad.