Ante el creciente uso de criptomonedas en Bolivia, como alternativa al dólar y frente a la escasez de divisas en el sistema financiero tradicional, surge la necesidad de analizar los retos y oportunidades que presenta esta tendencia. Si bien los criptoactivos ofrecen ventajas como la agilidad en las transacciones internacionales y la descentralización, también conllevan riesgos importantes que deben ser abordados mediante políticas claras, educación financiera y desarrollo tecnológico. En este contexto, se plantean propuestas estratégicas orientadas a construir un ecosistema cripto más seguro, regulado y sostenible en el país.
Según informó el economista y docente de la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), Tito Rojas, hasta mediados de 2024, el uso de criptomonedas en Bolivia era ilegal según la Resolución N.º 044/2014 del Banco Central de Bolivia (BCB). Sin embargo, la aprobación de la Resolución N.º 082/2024 permitió que plataformas electrónicas operen bajo ciertas condiciones, habilitando así el intercambio de criptoactivos con supervisión de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Rojas señala que este cambio normativo ha comenzado a formalizar el mercado: “Un ejemplo concreto es el de CryptoMarket Bolivia, que operaba de manera informal y ahora ha iniciado su proceso de registro, adaptando sus operaciones a la normativa vigente y ofreciendo servicios con respaldo legal», explica el economista.
Según datos del BCB, entre junio y diciembre de 2024 se realizaron más de 500.000 transacciones con criptomonedas, por un volumen superior a los 75 millones de dólares. Por lo que se estima que alrededor de 252.000 bolivianos poseen algún tipo de activo digital, especialmente en Santa Cruz, donde algunos empresarios han comenzado a usar criptomonedas estables como el USDT (Tether) para transacciones internacionales.
Incluso, el Estado ha comenzado a incorporar estas tecnologías, indica Rojas. «La Ley del Presupuesto General del Estado 2025 autoriza a ciertas empresas públicas a efectuar pagos con criptomonedas cuando no haya acceso a divisas tradicionales, marcando un precedente sin igual en la región”, agrega.
Riesgos y necesidad de regulación
Tito Rojas advierte que “aunque las criptomonedas ofrecen nuevas oportunidades, también representan riesgos significativos si no se implementa una regulación clara y educación financiera adecuada”. Señala como principales amenazas la alta volatilidad, el aumento de esquemas fraudulentos y la falta de mecanismos institucionales de protección al consumidor.
Tito Rojas propone que se debe legislar un marco jurídico específico que dé sustento legal al ecosistema cripto en Bolivia. Esto implica la creación de una ley nacional de activos digitales que clasifique los distintos tipos de criptoactivos, establezca criterios claros para las plataformas que los operan y cree una instancia reguladora conjunta entre el Banco Central de Bolivia (BCB), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Paralelamente, considera fundamental impulsar la educación financiera, incorporando contenidos sobre criptomonedas y tecnología blockchain en universidades y centros de formación técnica. Destaca, por ejemplo, que “algunas instituciones, como la UAGRM, ya han iniciado cursos especializados con respaldo del BCB”.
Además, Rojas plantea la necesidad de fomentar soluciones tecnológicas nacionales, promoviendo el desarrollo de billeteras digitales diseñadas en Bolivia, con altos estándares de seguridad y respaldo institucional. Como ejemplo menciona AndeCoin, una wallet creada por una startup tarijeña que busca facilitar pagos digitales en zonas rurales. Finalmente, propone reforzar los sistemas de supervisión, exigiendo que las empresas que operen con criptoactivos se sometan a auditorías periódicas y brinden total transparencia en la gestión de sus fondos. Según el economista, estos consejos permitirían evitar fraudes y fortalecer la confianza de los usuarios en este nuevo entorno financiero.
Rojas concluye que el país enfrenta una oportunidad única de integrar la tecnología financiera de forma estratégica. No obstante, enfatiza que esta transformación debe ser acompañada por políticas públicas integrales, educación digital y medidas de protección para evitar que los riesgos del ecosistema cripto comprometan la estabilidad económica.