La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) advirtió que, tras 505 días de omisión legislativa respecto a su propuesta de ley para regular el ejercicio de la protesta social, las pérdidas acumuladas por bloqueos en el departamento alcanzan los 7.141 millones de bolivianos, equivalente al 14,87% del Producto Interno Bruto (PIB) regional.
A pesar de haber presentado el proyecto de ley el 29 de enero de 2024, ninguna instancia parlamentaria —ni departamental ni nacional— abordó su tratamiento. Esta omisión ha permitido que la paralización económica se convierta en un mecanismo estructural de presión política. Entre el 26 de mayo y el 16 de junio, Cochabamba, ha padecido un bloqueo con 11 días de cerco total que la aisló del resto del país y el mundo.
Los datos se desprenden del Informe Técnico de Coyuntura de la FEPC: Reconstrucción Económica de Cochabamba 2025: Impacto, Riesgos y Hoja de Ruta Estratégica.
El documento señala que entre el período indicado de 2024 y 2025, se han registrado 109 bloqueos activos en rutas troncales, generando afectación directa en sectores estratégicos como logística, construcción, gastronomía, agroindustria, manufactura, exportaciones y comercio.
“Esta omisión ha consolidado un entorno normativo sin capacidad de prevención, donde la paralización económica se ha institucionalizado como instrumento de presión política”, advierte el informe de la FEPC.
Asimismo, se subraya que el Proyecto de Regulación de la Protesta Social, fue elaborado para equilibrar el derecho a la protesta con la protección del aparato productivo, la libre circulación y la integridad operativa de la economía regional.
Sin embargo, a pesar de contar con respaldo técnico y legal, “ninguna instancia parlamentaria trató la propuesta, ni a nivel departamental ni nacional”, lo que ha dejado al departamento sin mecanismos legales de defensa frente a paralizaciones territoriales prolongadas.
Ante este escenario, la FEPC plantea una Hoja de Ruta Estratégica para la Reconstrucción Económica, basada en cuatro ejes: Reactivación de la demanda y alivio fiscal, potenciamiento de sectores generadores de divisas y la estabilidad normativa y clima de inversión.
El primero plantea una pausa tributaria para los sectores económicos afectados, además de la suspensión del nuevo Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT), así como la reducción temporal de IVA, IT y anticipos al IUE. Incentivos a la demanda de productos nacionales. También la ampliación de cuotas de facilidades de pago hasta 60 días y la universalización de facturas para todos los rubros, para que se puedan descargar cualquier factura independiente del rubro.
Asimismo, sigue la corriente de otros sectores económicos, que pidieron liberar las exportaciones y eliminar las restricciones, creando el Programa de Facilitación de Exportaciones Regionales (Profer) y activar de un Plan Integral de turismo gastronómico, turismo salud y turismo educativo.
Los empresarios piden un apoyo a la agroindustria, alimentos procesados y manufactura.
Finalmente, plantean, nuevamente, el tratamiento inmediato del proyecto de ley de protesta social, agenda pública-privada de previsibilidad y protección a la inversión y la creación de incentivos para inversión nacional y extranjera.
Pero también la creación de un Fondo Multisectorial regional de compensación productiva para reactivación de las empresas, cuya administración estará a cargo del Comité Interinstitucional de Reconstrucción Productiva (CIRP).