La Asociación de Comités de Gestión de Áreas Protegidas del Chaco, Chiquitania, Pantanal y Amazonía Sur (Acgapchchpa) emitió un pronunciamiento en contra del Decreto Supremo Nº 5390, aprobado el pasado 14 de mayo por el Gobierno nacional. La organización considera que la norma vulnera el marco legal vigente, pone en riesgo la integridad de reservas forestales y áreas protegidas, y desconoce los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
La Acgapchchpa agrupa a 11 áreas protegidas del departamento de Santa Cruz. En su pronunciamiento, dirigido a la opinión pública nacional e internacional, denuncia que el Decreto 5390 promueve la legalización del cambio de uso de suelo en territorios indígenas y zonas de conservación, abriendo paso a actividades como el monocultivo, la ganadería y la minería, lo que conlleva un aumento en la deforestación, el tráfico de tierras y la destrucción de sistemas de vida.
“La falta de consulta previa a las comunidades indígenas, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT, constituye una violación directa a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, dueños ancestrales, que históricamente vienen cuidando y preservando estos territorios”, señaló el documento.
Asimismo, los comités de gestión denuncian una “transgresión al marco normativo” que protege las áreas naturales, indicando que el Decreto vulnera tanto la Constitución Política del Estado como leyes como la N° 1333 de Medio Ambiente y la Ley N° 300 de la Madre Tierra. También advierten que la norma contradice los principios de participación social que rigen el funcionamiento de las áreas protegidas.
Exigencias
Ante esta situación, la Acgapchchpa exige al Gobierno nacional la abrogación inmediata del Decreto Supremo Nº 5390, al señalar que contradice principios constitucionales, legales e internacionales relacionados con la protección de la biodiversidad y el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.
“Rechazamos terminantemente cualquier medida que busque legalizar los desmontes ilegales y los asentamientos en las reservas forestales y áreas protegidas, ya que esto perpetúa la destrucción de los ecosistemas y de las fuentes de agua vitales para nuestras comunidades”, expresaron en el punto 4 de las exigencias de su pronunciamiento.
Asimismo, demandaron al Ejecutivo central la prohibición expresa de otorgar derechos forestales dentro de áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, denunciando que distintas instancias estatales —como el INRA, ABT, AJAM y YPFB— estarían autorizando asentamientos y actividades en territorios destinados a la conservación, lo que calificaron como «un atentado directo contra el patrimonio natural del país».
En el mismo pronunciamiento, los comités instaron a autoridades locales y nacionales —alcaldes, concejales, gobernador, asambleístas, diputados y senadores— a pronunciarse públicamente y asumir responsabilidades frente a esta situación, y no continuar en lo que llamaron un “silencio cómplice”.
Asimismo hicieron un llamado urgente a la sociedad civil, a los colegios de profesionales en biología, forestales y ambientales, así como a organizaciones defensoras del medioambiente, a sumarse a la defensa activa de las áreas protegidas del país. “Defender las mismas es sinónimo de defender la vida de las futuras generaciones», concluyeron.
¿A qué se oponen?
La Acgapchchpa expresó su rechazo al Decreto Supremo Nº 5390, al considerar que esta normativa promueve la legalización de asentamientos ilegales y autoriza el cambio de uso de suelo en reservas forestales. Denuncian que la medida favorece la expansión de actividades agrícolas, ganaderas y mineras a costa de los sistemas de vida, afectando gravemente los recursos hídricos y forestales.
Además, advierten que esta normativa transgrede el marco legal que protege las áreas protegidas y vulnera derechos territoriales a través de acciones y omisiones por parte del Estado.
Los impactos ecológicos también son motivo de preocupación. Según los denunciantes, la legalización de desmontes y el impulso al monocultivo agropecuario están deteriorando ecosistemas, alterando el microclima, reduciendo la recarga de fuentes de agua y comprometiendo la seguridad hídrica de las regiones afectadas.
Asimismo, señalan que el decreto representa una violación a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, al no haber sido consultadas las comunidades, tal como exige el Convenio 169 de la OIT. Recuerdan que estos territorios son resguardados ancestralmente por pueblos originarios que históricamente han protegido su biodiversidad.