El documento “Impacto macroeconómico de la eliminación del subsidio a los hidrocarburos en Bolivia: Análisis de reformas abruptas y graduales” del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (IISEC) de la Universidad Católica Boliviana, explica que la política de subsidios aplicada durante más de una década permitió mantener estables los precios de los combustibles, conteniendo los costos de transporte y producción. Sin embargo, en el contexto actual, este beneficio social genera un costo fiscal excesivo que limita la capacidad del Estado para invertir en áreas clave como salud, educación e infraestructura.
De acuerdo con las cifras del estudio, el gasto en subsidios alcanzó el 3,6% del PIB, convirtiéndose en una de las partidas más pesadas del presupuesto nacional. “El financiamiento de esta política no solo presiona las cuentas fiscales, también incrementa el déficit y reduce el margen de maniobra del Gobierno en un escenario de reservas internacionales en descenso”, advierte el informe.
El IISEC modeló dos posibles escenarios para el país:
Reforma abrupta. Consiste en la eliminación inmediata del subsidio. El impacto sería un alza significativa en los precios de la gasolina y el diésel, lo que se trasladaría rápidamente a toda la economía. El estudio anticipa un choque inflacionario en el corto plazo, con efectos más graves sobre los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su presupuesto a transporte y alimentos.
Reforma gradual. Se plantea retirar los subsidios en un periodo de cinco años. Esto permitiría reducir el déficit fiscal de manera progresiva y dar tiempo a empresas, productores y familias para adaptarse al nuevo esquema de precios. Los impactos sobre la inflación serían más moderados y controlables.
El informe enfatiza que la clave no está únicamente en la velocidad de la reforma, sino en el diseño de mecanismos paralelos que protejan a los sectores más vulnerables.
Impacto social y productivo
El estudio señala que el subsidio ha funcionado como un “colchón social”, evitando que la población enfrente precios elevados de los combustibles. Sin embargo, su eliminación sin compensaciones podría aumentar la pobreza y la desigualdad.
El IISEC propone, entre las medidas de mitigación:
Transferencias monetarias directas a los hogares de bajos ingresos.
Subsidios focalizados al transporte público para evitar incrementos en las tarifas urbanas.
Programas de apoyo a productores agropecuarios que dependen intensivamente del diésel para maquinaria y transporte.
“Eliminar el subsidio no debe significar trasladar todo el peso a la población, sino acompañarlo con políticas redistributivas que amortigüen el golpe en el poder adquisitivo”, sostiene el documento.
Riesgo fiscal y credibilidad
El estudio subraya que, en un escenario de déficit elevado, la eliminación del subsidio aparece como una decisión inevitable en el mediano plazo. Mantenerlo sin cambios no solo erosiona las finanzas públicas, también afecta la credibilidad del país frente a organismos internacionales y acreedores externos.
“El costo de mantener los subsidios ya no es solo fiscal. También genera distorsiones de mercado, fomenta el contrabando hacia países vecinos y retrasa la transición energética hacia fuentes más limpias”, señala el IISEC.
Una reforma de alto costo político
Más allá de lo económico, el subsidio a los hidrocarburos es un tema altamente sensible en el plano político y social. Su eliminación en el pasado ha desencadenado fuertes protestas, como ocurrió con el intento de “gasolinazo” en 2010.
El informe advierte que cualquier medida debe ir acompañada de una estrategia de comunicación clara y de consensos sociales que expliquen los beneficios de una reforma gradual. “El éxito dependerá no solo del diseño técnico, sino de la capacidad de transmitir confianza a la ciudadanía”, concluye.
El dilema boliviano
El subsidio a los hidrocarburos plantea un dilema de difícil resolución para Bolivia:
Mantenerlo asegura estabilidad en los precios internos y evita conflictos sociales inmediatos, pero a costa de profundizar el déficit y debilitar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Retirarlo implica un shock en la economía de los hogares y las empresas, pero abre la posibilidad de equilibrar las cuentas fiscales y reducir la dependencia de divisas para la importación de combustibles.
En palabras del estudio: “La decisión no es entre mantener o eliminar, sino entre hacerlo de manera ordenada o enfrentar un ajuste forzado más costoso en el futuro”.