La explotación del litio avanza en Chile y Argentina, con inversión extranjera, por la seguridad jurídica que brindan al capital privado; sin embargo, en Bolivia la situación es complicada debido a la falta de institucionalidad y el cumplimiento de las normas bolivianas.
El consultor internacional en Litio y Oil&Gas, Andrés Brockmann, describió el marco jurídico que tienen los países vecinos: Chile y Argentina, así como Australia, para atraer inversiones a favor del desarrollo del litio, en su exposición sobre “Litio en Bolivia, la ventana de oportunidad”.
Si bien esas naciones trabajan en ello, preguntó qué hace Bolivia en brindar seguridad jurídica, y que era vital para atraer inversiones privadas para todo emprendimiento.
Ya muchos expertos indicaron que el país no tiene certificadas sus reservas de litio y se cuenta cómo recursos. El experto sostiene que “las agencias internacionales y los bancos de inversión no consideran que Bolivia tenga reservas, sino recursos, debido a nuestro marco legal que tenemos y la estructura política, algo que se ha ido cambiando en los últimos años”.
“Los bolivianos deben preguntarse: ¿qué hace Bolivia para ser atractiva a la inversión? ¿Por qué alguien invertiría aquí, si puede ir a Argentina o Chile, que tiene un marco jurídico claro, pero Bolivia cómo tiene que ser lo suficientemente atractiva?, porque no hay una fila de empresas esperando entrar”, cuestionó.
“Mientras los países trabajan para atraer inversiones, presentado un marco jurídico firme y claro”, agregó y complementó al indicar que Bolivia sufrió un retraso con los Tratados Bilaterales de Inversión, porque hoy en día el país ya no protege a la Inversión Extranjera Directa (IED), como cuando el país era parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y por eso en los contratos se debe dar garantías al respecto.
Entretanto, Bolivia tiene en la Asamblea Legislativa una norma, un proyecto de Ley del litio, que no fue tratado, de acuerdo con el representante del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Alberto Pérez.
Durante la gestión de Evo Morales se aprobó una Ley de Inversiones, que a la fecha no fue aprobado su reglamentación y permanentemente las cámaras empresariales solicitan una ley de inversiones para que llegue capital foráneo.
Como se recordará, en 2019, por presión cívica se tuvo que romper un contrato con una em presa alemana, con referencia al litio, porque el mismo no fue elaborado en consenso con el departamento de Potosí, similar situación pasa ahora, pues el gobierno de Luis Arce también suscribió contratos con una empresa china y rusa, que tampoco fue socializada con la población. Una vez suscrita se envió a la Asamblea para su aprobación, sin un estudio previo del impacto ambiental.
Pérez dijo que el departamento no se opone a la exportación, están interesados, pero los temas deben ser claros y sinceros, para que se pueda plasmar.
Señaló que en 2019 no conocían el contrato; ahora desde hace tres años duerme el sueño de los justos el proyecto de ley de evaporíticos, elaborado por Potosí y Oruro, en la Asamblea Legislativa. Subrayó que Oruro tiene el 9% de litio y el resto Potosí.
Indicó que la región pide una regalía entre 10% a 20%, así como un estudio agroambiental hídrico, en favor de las 51 comunidades que viven alrededor del Salar de Uyuni.
Recordó que tampoco se cumplió con la consulta previa para participar del contrato realizado por el Gobierno con empresas chinas y rusas.
Valor Agregado
Por su parte, el docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y consultor internacional, Ricardo Cardona, planteó una ley de valor agregado y cambio de estrategia en la industrialización del litio, en su exposición denominado “Litio extracción directa con cadena de valor agregado”.
Bolivia, para que sea un país del segundo mundo, requiere inversiones de 10.000 millones de dólares por año y para que sea del primer mundo 20.000 millones, además el litio puede generar 10.000 millones, según los expertos, planteadas en el conversatorio sobre el litio.
Bolivia rezagada en seguridad jurídica para los inversionistas
SourceEl Diario