Tras la toma violenta de parte de cooperativistas a la mina Reserva – Tres Amigos, en Potosí, el ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, prometió “mano dura” contra avasalladores de concesiones mineras.
“Es un delito que está penado por la ley, está penado por las normativas vigentes del pueblo boliviano. Si no vamos a colocar mano dura, cualquier otro momento va a haber algún avasallamiento”, dijo en una entrevista con los periodistas.
Según reportes de medios locales, el pasado mes, un centenar de cooperativistas ingresó de manera violenta a la mina Reserva – Tres Amigos, ubicada en el distrito minero de Reserva, comunidad de Jayaquila, en el departamento de Potosí.
Los avasalladores llegaron en vehículos último modelo con destino directo al yacimiento ubicado a una hora de la ciudad de Potosí. Una vez instalados, comenzaron la toma de la operación minera. “Cada compañero de cada sector debe trabajar en su área de trabajo, así como tal cual les dio la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) bajo un contrato, es así. Cada quien debe respetar su fuente de trabajo, aquí es prohibido avasallar”, manifestó el ministro.
DENUNCIA EN OTRO CASO
Entretanto, el lunes, la Defensoría del Pueblo activó una acción constitucional contra seis instituciones estatales, con el objetivo de obligarlas a asumir acciones coordinadas para fiscalizar la actividad minera en el municipio de Viacha, donde se registraron denuncias de contaminación del agua con cianuro.
El titular de la institución, Pedro Calisaya, informó que esta medida fue asumida debido a la falta de respuesta de las autoridades del área, pese a las continuas denuncias de daño medioambiental.
“Tras múltiples gestiones y seguimientos a las denuncias de contaminación del agua con cianuro, que no obtuvieron respuestas efectivas de las instancias competentes, desde la Defensoría del Pueblo, en ejercicio del mandato constitucional establecido en el Art. 222 de la #CPE, presentamos una #AcciónPopular”, escribió Callisaya en su cuenta de X.
La Acción Popular fue interpuesta contra varias instituciones públicas, entre ellas: el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
El fin de semana, Sinchi Wayra, administradora de Tres Amigos, denunció hostigamiento en el lugar.