El Gobierno de Luis Arce insiste en defender la industrialización como uno de los pilares de su gestión, aun cuando varias empresas estatales muestran números rojos o permanecen sin operar. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, advirtió que el cierre de algunas plantas “provocará pérdida de fuentes de empleo, riesgo en el abastecimiento del mercado interno y afectación en la generación de divisas”.
“Muchas organizaciones sociales y algunos alcaldes se pronuncian en el sentido de apoyar este proceso de industrialización, porque este proceso es para el pueblo boliviano, para generar fuentes de empleo, crecimiento económico y mejores condiciones de vida”, sostuvo el ministro, en entrevista con Bolivia Tv, apelando a un discurso que el oficialismo mantiene desde hace más de una década.
La política de industrialización con sustitución de importaciones buscó crear polos productivos en distintas regiones. En esa línea se construyeron la planta de transformación de soya en San Julián (Bs 424 millones), la de biodiésel I en Santa Cruz (Bs 413 millones), la procesadora de quinua en Soracachi (Bs 353 millones) y la Siderúrgica del Mutún, en Puerto Suárez, que demandó Bs 3.090 millones, entre otras.
También se suman proyectos de menor escala, como la planta de quinua en Patacamaya (Bs 6 millones), la de cereales en Viacha (Bs 182 millones), la de papa en El Alto (Bs 160 millones), y la de lácteos en Challapata (Bs 45 millones).
Sin embargo, los resultados son limitados. Informes de la Contraloría y del propio Ministerio de Economía muestran que varias de estas industrias —como las plantas de cítricos en Chapare, de cartón en Oruro o de textiles en La Paz— operan por debajo de su capacidad o se encuentran paralizadas. En muchos casos, los costos superan los ingresos y la falta de mercados impide sostener la producción.
Pese a estas dificultades, Cusicanqui insistió en que cerrar o reducir operaciones tendría “un impacto negativo porque se perderán fuentes de empleo y se afectará el abastecimiento del mercado interno”. Añadió que el proceso industrial será defendido “desde el llano”, como un “derecho del pueblo”.
Con déficit fiscal creciente y empresas públicas que dependen del Tesoro para funcionar, el próximo gobierno recibirá un modelo que no logró consolidar su promesa: transformar la riqueza natural en desarrollo sostenible.