La Central Obrera Boliviana (COB) ha lanzado un mensaje al nuevo gobierno del presidente electo Rodrigo Paz, garantizar la estabilidad laboral y respetar los derechos adquiridos de los trabajadores. La demanda surge ante los posibles cambios en la administración pública y la anunciada reducción de ministerios que impulsa el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Desde el PDC la semana pasada ya se habían pronunciado al respecto, y descartaron una “masacre blanca” —la destitución masiva de funcionarios públicos— y aseguraron que los cambios se realizarán de manera paulatina a partir del 8 de noviembre, día de la posesión presidencial.
El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Roberto León, informó que en el ampliado nacional de la COB, realizado la semana pasada, se aprobó una resolución de defensa laboral, que contempla la posibilidad de una marcha nacional tras el acto de posesión.
“No se trata de una marcha contra el gobierno, sino de unidad y reivindicación laboral. Hemos escuchado a algunas autoridades electas que hablan de tocar la Ley General del Trabajo. Esta movilización será en defensa de los derechos adquiridos”, explicó León.
El dirigente recordó que muchos trabajadores públicos están protegidos por el fuero sindical o por la Ley del Funcionario Público, algunos con inamovilidad laboral. Por ello, pidió al nuevo gobierno respetar estos derechos, incluso en medio de la reestructuración institucional.
Desde el PDC, voceros adelantaron que la administración de Paz reducirá el número de ministerios de 17 a 12, con el objetivo de ahorrar recursos y destinarlos a garantizar el suministro de combustibles en el país.
Desde la COD han indicado que van a mantener una posición de expectativa vigilante, insistiendo en que el diálogo social y la defensa del empleo deben ser pilares de la nueva gestión.
Un informe del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad) da cuenta de que, a finales de 2020, el número de empleados públicos en el país alcanzaba a 526.955. con una proyección de crecimiento de 10% como promedio cada año. Sin embargo, para la presente gestión se estima que la cifra es de al menos 600.000 funcionarios.
En reiteradas ocasiones autoridades nacionales han cuestionado la cantidad de personas que se encuentran en diferentes reparticiones del Gobierno, es decir hay más funcionarios de los que se necesita, y que cada vez que se aprueba un incremento salarial el monto que representa para la planilla de sueldos y salarios sube, peor ahora que el país atraviesa una crisis económica y necesita medidas de austeridad.