Petrobras explorará en aguas profundas del Amazonas

La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció esta semana que obtuvo la licencia del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) para iniciar investigaciones exploratorias de petróleo y gas en aguas profundas del estado de Amapá, en la región conocida como Margen Ecuatorial. La decisión, que permite la perforación inmediata del bloque FZA-M-59 ubicado a 175 kilómetros de la costa y 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas, ha generado una ola de críticas de ambientalistas y científicos a menos de un mes de que Brasil sea sede de la COP30 en Belém.

Según el comunicado oficial, la sonda de perforación ya se encuentra en la ubicación del pozo y la empresa prevé que los trabajos de exploración comiencen de inmediato, con una duración estimada de cinco meses. Durante esta fase no habrá producción de petróleo, ya que el objetivo es obtener información geológica y evaluar la viabilidad económica de los recursos en la región.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, celebró la autorización como «una conquista de la sociedad brasileña» que «revela el compromiso de las instituciones nacionales con el diálogo y la viabilización de proyectos que puedan representar el desarrollo del país». La ejecutiva destacó que fueron casi cinco años de proceso en los cuales la compañía «pudo comprobar la robustez de toda la estructura de protección al medio ambiente» que estará disponible durante la perforación.

El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, respaldó la decisión afirmando que el gobierno hizo «una defensa firme y técnica para garantizar que la exploración se realice con total responsabilidad ambiental». Silveira agregó que este nuevo horizonte petrolero, cuyo potencial se estima en 10.000 millones de barriles recuperables, representa «el futuro de la soberanía energética» de Brasil y podría atraer inversiones por $us 55.000 millones.

Voces críticas

Sin embargo, la autorización ha desatado una fuerte oposición de organizaciones ambientalistas, científicos y movimientos sociales, quienes cuestionan la decisión a pocos días de que Brasil acoja la conferencia climática más importante del mundo.

«En un escenario de emergencia climática como el actual, la apertura de nuevos pozos de petróleo contradice los compromisos del país con la transición energética y refuerza patrones excluyentes e insostenibles», señaló Mariana Andrade, portavoz de Greenpeace Brasil. La activista agregó que «no hay transición energética posible cuando el sustento es la destrucción» y criticó que «la decisión de abrir una nueva frontera exploratoria en Foz do Amazonas revela una lógica de lucro que perpetua desigualdades».

El Observatorio del Clima, una red que agrupa a 130 organizaciones ambientalistas, calificó la decisión como «desastrosa» y anunció que recurrirá a la justicia para denunciar «ilegalidades y fallas técnicas» en el proceso de licenciamiento. «Lula acaba de enterrar su pretensión de ser un líder climático en el fondo del océano en Foz do Amazonas. El gobierno será debidamente procesado por eso en los próximos días», afirmó Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima.

Ecosistema vulnerable

La zona de exploración se ubica en una de las regiones más sensibles ambientalmente de Brasil. Alrededor del área hay reservas ambientales, territorios indígenas, manglares y arrecifes de coral, además de una variada diversidad marina con especies en peligro de extinción. Ricardo Fuji, especialista en conservación de WWF Brasil, señaló que «necesitamos invertir en alternativas que generen desarrollo inclusivo y sostenible, como las energías renovables y la bioeconomía; insistir en el petróleo es ir en dirección contraria al mundo».

El proceso de licenciamiento incluyó la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, tres audiencias públicas, 65 reuniones técnicas en más de 20 municipios de los estados de Pará y Amapá, visitas a todas las estructuras de respuesta a emergencias, y una Evaluación Pre-Operacional que involucró a más de 400 personas.

El Ibama sostiene que la licencia fue concedida tras «un rigoroso proceso de licenciamiento ambiental» y que se cumplieron todos los requisitos técnicos. Sin embargo, el debate promete continuar en los tribunales.

SourceLa Razón

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