A más de un año del proceso penal iniciado por YPFB y Petrobras Bolivia, en contra 29 comunarios defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia, los denunciados presentaron una solicitud de sobreseimiento por el vencimiento de los plazos procesales.
Al haber terminado la etapa preparatoria investigativa y al no haberse emitido ninguna resolución sobre el caso, no se conoce si la Fiscalía aportó pruebas de la investigación que supuestamente se realiza. Entre tanto, varias organizaciones nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos se han manifestado sobre el hecho, identificándolo como un caso de abuso de poder y criminalización contra defensores de derechos ambientales.
En octubre de 2024, los 29 comunarios fueron acusados por las empresas petroleras de impedir el ejercicio de la función pública y atentar contra el derecho al trabajo. Desde entonces, fueron convocados a varias audiencias, que al final se suspendían, sin tomar en cuenta que muchos de ellos tienen que viajar toda noche para llegar a la Fiscalía. Además, fueron blanco de críticas en sus comunidades, donde los interesados en explorar en Tariquía ofrecían prebendas a cambio de apoyo.
En 24 de abril de 2025, doce de los defensores fueron imputados y 17 fueron excluidos del proceso. En junio, durante la realización de la audiencia de medidas cautelares, el juez determinó que los 12 puedan defenderse en libertad irrestricta. Y desde entonces no se realizó ningún acto judicial. Vencidos los plazos procesales, la defensa presentó, el lunes 27 de octubre 2025, la solicitud de sobreseimiento.
Defensores criminalizados
Desde que fue presentada la demanda, varias organizaciones nacionales e internacionales se refieren a este caso como criminalización de los defensores ambientales por el Estado boliviano a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la empresa Petrobras Bolivia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió el 7 de marzo de este año una audiencia a los denunciados, en la que presentaron su situación. Ahí los comisionados cuestionaron el uso del sistema penal para reprimir la defensa del medio ambiente
Recientemente, el 16 de octubre, la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) publicó su tercer informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en las Américas. En el mismo, en sus referencias a Bolivia, enfatiza su preocupación por la criminalización a defensores de derechos y cita expresamente, en la página 96, el caso de los defensores criminalizados de Tariquia. En varias de sus referencias a Bolivia, el informe cita como una de sus fuentes principales, la audiencia del 7 de marzo.
De la misma forma, el Defensor del Pueblo emitió varios comunicados, exigiendo el cumplimiento del acuerdo de Escazú, que prevé un trato dentro del respeto de los derechos humanos a los defensores ambientales, y denunció el abuso de poder ante la desigualdad de condiciones con las que los comunarios enfrentan el proceso.