La promesa de normalización en el abastecimiento de combustibles en Bolivia choca contra una realidad tozuda: las largas filas en las estaciones de servicio persisten y el diésel, necesario para la maquinaria agrícola y el transporte pesado, sigue siendo un bien escaso. El Gobierno no está garantizando el suministro y las voces que piden eliminar la subvención cada vez son más. La esperanza está en una ley corta.
Susy Dorado, gerente de la Asociación de Surtidores (Asosur), confirmó la crítica situación, explicando que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) solo realiza entregas una o dos veces por semana, cubriendo un porcentaje mínimo de la demanda.
“Ustedes han podido ver, las colas por el diésel continúan. No hemos podido salir de esta falencia”, afirmó Dorado a medios televisivos, señalando que las zonas rurales y los sectores agropecuarios son los más golpeados, al ver imposibilitadas sus labores de siembra, cosecha y transporte.
Una medida de emergencia
Este desabastecimiento no es nuevo. Bolivia arrastra una crisis energética por la caída en la producción nacional de hidrocarburos, la falta de divisas para importar y el contrabando hacia países vecinos, donde los precios son más altos.
En respuesta, y con una normativa impulsada por el Comité pro Santa Cruz, el Gobierno promulgó la “Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina”.
Esta ley, de carácter paliativo y con una vigencia de 90 días, busca aliviar la escasez mediante tres ejes principales: Agilización Burocrática, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) debe otorgar licencias de importación en un máximo de 48 horas; Apertura al sector privado, que permite a personas naturales y jurídicas importar y comercializar diésel y gasolina. Además de incentivos fiscales, eximiendo del pago del Impuesto a las Transferencias (IT) y del IVA a estas importaciones, abaratando costos.
Según el análisis del economista Luis Fernando Romero, estas son ventajas inmediatas que buscan «ampliar la oferta y reducir la dependencia total del monopolio de YPFB, introduciendo competencia».
Los riesgos de una solución rápida
Sin embargo, la propia ley contiene riesgos. Romero identifica la posible “distorsión del mercado”, donde coexistirán combustibles subvencionados por YPFB y otros a precio de mercado, lo que podría generar especulación, acaparamiento o mercados paralelos con precios diferenciados.
El presidente Luis Arce ya advirtió que el costo del combustible importado será más alto, reconociendo que la norma no resuelve los problemas operativos de distribución. Además, existe el “riesgo fiscal”, ya que la liberación impositiva sin controles puede facilitar prácticas irregulares.
La principal limitación, según el análisis de Romero, es la “falta de sostenibilidad estructural”. La ley es un parche temporal de 90 días que no aborda las causas de fondo: la baja producción interna, las deficiencias logísticas y la falta de refinación nacional.
Combustibles hasta fin de año
Mientras se implementa la ley, el Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que el gobierno saliente dejó presupuestados los recursos para importar combustibles hasta fin de año, aunque condicionó su uso a la gestión de la nueva administración de YPFB bajo Rodrigo Paz.
«Nosotros como Gobierno nacional hemos dejado, decimos, el presupuesto para las operaciones de importación de combustibles hasta fin de año y sean las autoridades las que ya tienen que ver cómo se financian las compras de estos hidrocarburos, porque hay el presupuesto para hacerlo», acotó.
En paralelo, emerge con fuerza el debate sobre el subsidio. El gobernador de Tarija, Oscar Montes, se pronunció a favor de eliminarlo, argumentando que es la única manera de equiparar los precios con los países vecinos y acabar con una «política mal aplicada». Reconoció que esta medida encarecería los productos, pero la consideró necesaria para evitar un colapso.
“No queda otra que podernos nivelar a los precios de los mercados internacionales. La subvención son buenos, en la medida que son de carácter temporal cuando hay por ejemplo lo que está pasando en el Caribe con un huracán devastador y ahí se tiene que subsidiar hasta la comida (…), pero mantener subsidios a lo largo del tiempo lo que hace es distorsionar el funcionamiento de la economía”, indicó.
Subvención
El gobernador de Tarija, Oscar Montes, se ha pronunciado a favor de eliminar la subvención de carburantes
Un respiro temporal en un camino de transición
La Ley Corta se erige como una medida pragmática y necesaria para evitar un colapso mayor en el corto plazo. Su éxito dependerá de la capacidad de atraer importadores privados y de que la logística responda para llevar el combustible a donde se necesita.
No obstante, es un consenso entre analistas, gremios y autoridades regionales que sin un plan integral que ataque las raíces del problema –inversión en producción y refinación, reingeniería logística y una transición ordenada del esquema de subsidios–, Bolivia seguirá navegando en aguas turbulentas, donde el diésel, la sangre de su economía productiva, seguirá siendo un recurso disputado y escaso.