Las pugnas internas en el Gobierno de Chuquisaca, entre el Ejecutivo y la Asamblea Departamental, escalaron hasta provocar el congelamiento de cuentas, medida que afecta a la ejecución de proyectos, la continuidad de programas y el pago de salarios, y que solo podrá revertirse con la aprobación del POA 2026.
“Para esta mañana las cuentas estaban congeladas. Presumimos que el miércoles, al finalizar la tarde el Ministerio de Economía procedió al bloqueo y hoy lo confirmamos”, manifestó anoche a CORREO DEL SUR la secretaria General de la Gobernación, Marisabel Figueroa.
CRUCE DE ACUSACIONES
Más temprano, en conferencia de prensa, autoridades del Ejecutivo departamental advirtieron que la paralización administrativa derivada del congelamiento de cuentas impacta directamente en áreas prioritarias como salud, pago de bonos sociales, atención y dotación de alimentos a albergues y centros de acogida, además del mantenimiento de caminos y la gestión de riesgos.
Figueroa, responsabilizó a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) por no aprobar el Programa Operativo Anual (POA) 2026, observando una reducción presupuestaria de 10 a 8 millones de bolivianos.
“Pese al recorte que tuvimos del nivel central, ellos –la Asamblea– no quieren reducir su presupuesto. ¿De dónde vamos a sacar más recursos? Nos piden trabajar con austeridad, pero no la aplican”, cuestionó Figueroa.
La respuesta no tardó. La asambleísta Jhannet Blanco afirmó que la ALD “cuenta apenas con presupuesto para gastos de funcionamiento” y calificó de “ilógico” que se proponga reducir los salarios de los asambleístas y no así los de secretarios, directores o del propio Ejecutivo.
“Se reduce en 2 millones de bolivianos el presupuesto de la Asamblea, pero no los sueldos de la parte ejecutiva. Solicitamos que la disminución sea equitativa, de acuerdo con la reducción del techo presupuestario”, insistió.
Blanco añadió que el Legislativo solo dispone de cuatro vehículos, ya con su vida útil cumplida, para el trabajo de fiscalización de los 21 asambleístas en los distintos municipios del departamento.
En la misma línea, su colega Elizabeth Mérida responsabilizó directamente al gobernador Damián Condori por el congelamiento de cuentas.
“Es su responsabilidad. El 8 de septiembre era el plazo final para la presentación del POA a la Asamblea, pero la Gobernación lo envió fuera de término. Aun así, lo tratamos y el pleno decidió su rechazo”, afirmó.
Mérida detalló que el documento fue devuelto con 54 observaciones de fondo y de forma, además de otras 34 relacionadas con la escala salarial y la estructura institucional, documentos que –según dijo– recién fueron remitidos el pasado lunes.
“NO ES POR LOS SALARIOS”
Referente al rechazo a la reducción del presupuesto, la asambleísta explicó que la negativa “no obedece a un tema salarial, sino a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para los nuevos asambleístas en su labor de fiscalización”.
“Solo nos quieren hacer quedar mal a nosotros. Es más, ellos –el Ejecutivo– no han tomado en cuenta a los controles sociales del departamento. El POA no fue coordinado ni consensuado, como hemos pedido, y peor aún, no hay señales de austeridad”, cuestionó, al denunciar que en la Gobernación “se sigue contratando personal”.
Figueroa contrarrestó asegurando que la administración departamental aplicó recortes en el personal eventual, con la reducción de más de 100 ítems, lo que, representaría un ahorro superior a los 4 millones de bolivianos.
¿Cuál el camino para levantar el bloqueo de cuentas?
Tras confirmarse el congelamiento de cuentas de la Gobernación de Chuquisaca, el Ejecutivo busca las vías para revertir la medida y sostiene que la única forma de hacerlo es mediante la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2026 por parte de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).
“La única manera de levantar el bloqueo es aprobando el POA”, afirmó la secretaria general de la Gobernación, Marisabel Figueroa.
Sin embargo, advirtió que el estancamiento del POA también afectará al propio Legislativo.“Qué bien, porque ellos también se verán perjudicados: no podrán recibir sus sueldos ni realizar pagos. Estaremos en idas y venidas para ver hasta dónde llegamos con este tema de las cuentas congeladas”, sostuvo.
Por su parte, la asambleísta Elisabeth Mérida responsabilizó a Figueroa por la falta de consenso entre ambas instancias.
“Desde que ingresó Figueroa, su actitud ha sido de confrontación con la Asamblea y con las personas, en lugar de buscar soluciones. Estamos en esta situación por culpa de una persona que no es propositiva”, afirmó.
El conflicto incluso se trasladó al interior del gabinete. Figueroa cuestionó a la secretaria de Finanzas, Ana María Quispe, por “no dar la cara” y explicar el trámite del POA 2026, además de acusarla de “dar la espalda” y “sabotar” a la administración de Damián Condori.