La Cámara Nacional de Industrias (CNI) informó que, tras intensas gestiones jurídicas y económicas, se logró detener el tratamiento del Proyecto de Ley PL-528/2024-2025, denominado “Fomento y Desarrollo del Complejo Productivo Lácteo en Bolivia”, conocido como ex Fondo Pro Leche. La institución explicó que el avance de esta iniciativa habría representado un nuevo gravamen para el sector productivo industrial, con un impacto estimado de Bs 50 millones anuales en aportes empresariales.
En un comunicado emitido desde La Paz, la CNI destacó que el resultado fue posible gracias al trabajo conjunto con empresas asociadas de los sectores lácteo, de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como con gremios sectoriales y departamentales. “Estas gestiones representan un ahorro en torno a Bs 50 millones anuales a las empresas que contribuían con sus aportes a la constitución del citado Fondo”, señala el documento.
El gremio industrial reafirmó además su compromiso con la defensa del sector y la búsqueda de soluciones sostenibles que fortalezcan la producción nacional, “en el marco del respeto a la seguridad jurídica y la libre competencia”.
Desde Tarija, el empresario Mauricio Zamora, representante del sector vitivinícola, calificó como “un error” el intento de aplicar un nuevo gravamen mediante el proyecto de ley, y advirtió que su implementación habría golpeado a toda la cadena del vino nacional. “Perjudicaría al sector vitivinícola y pone en riesgo a toda una cadena productiva. Afectaría desde los pequeños viticultores del Valle Central hasta las bodegas familiares, los emprendimientos enoturísticos y los cientos de empleos indirectos que dependen de esta actividad”, explicó Zamora en contacto con EL DEBER.
El empresario consideró que la propuesta, presentada bajo la idea de solidaridad entre sectores, “revela en realidad la profunda desconexión del poder central con las economías regionales”.
Con la suspensión del tratamiento legislativo del PL-528/2024-2025, el sector industrial considera cerrado un episodio que, de haberse concretado, habría significado un nuevo costo tributario en un contexto ya marcado por la desaceleración económica y la falta de liquidez en el país.