La tensión por los avasallamientos de tierras volvió a encenderse en Santa Cruz. Propietarios de predios tomados y representantes del sector productivo denunciaron este jueves que el Ministerio Público y la Policía actúan con negligencia frente a las ocupaciones ilegales, mientras los grupos vinculados a organizaciones campesinas como la denominada ‘Unica’ (en alusión a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesino de Bolivia), continúan expandiéndose sobre propiedades privadas.
Grecia Yucra, propietaria del predio El Encanto —ubicado en Ascensión de Guarayos y ocupado nuevamente por un grupo de campesinos—, denunció que su caso fue desestimado por la Fiscalía sin considerar las pruebas presentadas.
“El martes presentamos la denuncia y ese mismo día fue rechazada. No puede ser que el fiscal haya emitido la resolución tan rápido, sin investigar nada. La Policía fue al lugar y dijo que no había avasalladores, cuando todos estábamos ahí viendo cómo tomaban el terreno”, reclamó.
Yucra cuestionó directamente al fiscal departamental y aseguró que la decisión se basó en artículos ya derogados de la Ley 477. “El Ministerio Público ni siquiera sabe que esos parágrafos fueron anulados por una sentencia constitucional en 2020. Esto deja mucho que desear y demuestra el nivel de desinformación o complicidad que existe en algunos fiscales”, sostuvo.
Por su parte, Melissa Barba, presidenta de la Asociación de Predios Avasallados de Santa Cruz, pidió la remoción del fiscal de Guarayos y una reforma profunda en el sistema judicial. “Necesitamos una justicia nueva, limpia y transparente. No podemos seguir con fiscales que encubren a los invasores. El fiscal Mariaca no puede seguir en su cargo”, afirmó.
Barba criticó también al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, a quien acusó de “favorecer a grupos interculturales y de la Única”. En esa línea, dijo que son 160 predios en el departamento que fueron tomados por la fuerza.
“Ese señor no defiende al sector agrícola que produce y trabaja. Está del lado de los que se dedican a negociar tierras y quitar el trabajo a la gente honesta. En vez de preocuparse por su cargo, debería preocuparse por la seguridad alimentaria del país, que está siendo amenazada por estos avasallamientos”, sentenció.
Los testimonios de las víctimas coinciden en señalar un patrón de impunidad que se repite en distintas zonas productivas del departamento, donde los grupos organizados ingresan a los predios, desmontan y lotean sin que las autoridades intervengan. Pese a los reclamos, las denuncias son archivadas o se dilatan por meses, lo que deja a los propietarios sin protección efectiva del Estado.
La Asociación de Predios Avasallados anunció que en los próximos días presentará una petición formal al Gobierno entrante para la creación de una instancia especial que atienda estos casos y garantice el derecho a la propiedad privada. “No pedimos privilegios, pedimos justicia y seguridad jurídica para seguir trabajando por Bolivia”, remarcó Barba.