El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitió ayer el Auto Supremo 011/2025, por medio del cual, en una revisión extraordinaria, determinó anular la sentencia de 10 años de cárcel que pesaba sobre la expresidenta Jeanine Áñez Chávez. De esta manera se definió que en noviembre de 2019 existió un “vacío de poder” y que no se cometió un golpe de Estado contra Evo Morales.
Solo horas después de que el TSJ notificara con su fallo a las partes, el juez Primero de Ejecución Penal de La Paz, José Luis Cayoja, emitió la orden de libertad en favor de la expresidenta, quien hoy, 1.710 días después de permanecer encarcelada, podrá salir en libertad y reunirse con sus seres queridos.
“Dios bendito, al fin mi madre estará libre y eso me llena de alegría. Gracias, Dios, gracias. Fueron casi cinco años que mi padre estuvo en la cárcel, al fin se hizo justicia y mi madre va a recuperar sus derechos constitucionales”, fueron las primeras palabras de Carolina Rivero Añez, hija mayor de la expresidenta, al llegar a las puertas de Centro de Orientación Femenina de Miraflores, ayer a las 13:30.
“Esperemos que mi madre, en su calidad de expresidenta sea invitada a la posesión del nuevo gobierno”, dijo a su vez José Armando, hijo menor de la exmandataria, quien junto con los abogados Norka Cuéllar y Luis Guillén, también ingresaron al recinto carcelario para dar la buena noticia y con la esperanza de que el mandamiento de libertad se ejecutara en el día.
Sin embargo, unas horas después, todos salieron del penal e informaron que, debido a los trámites judiciales, la salida de la expresidenta se postergaría para hoy, a las 10:30, luego de cumplirse con la verificación judicial.
El Auto Supremo
En entrevista con EL DEBER, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, señaló que, de acuerdo a todos los antecedentes del caso, se concluye que Áñez debió ser procesada en un juicio de responsabilidades. No obstante, explicó que el AS 011/2025 no se refiere al tema de jurisdicción, sino que se analizó la acusación y el TSJ determinó que los jueces que dictaron la condena incurrieron en graves faltas constitucionales.
“En conclusión, el fallo del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz (que dictó la condena el 10 junio de 2022), incurre en errores sustanciales de interpretación constitucional y penal, vulnerando los principios de legalidad, tipicidad y estado de necesidad constitucional”, menciona parte de la fundamentación del AS 011/2025.
En ese sentido, se detalla que los jueces Germán Ramos Mamani (presidente), Marco Antonio Vargas Yupanqui y Liz Rocío Avilés Condori, no valoraron las pruebas sobre el vacío de poder que, entre el 9 y 12 de noviembre, se generó a raíz de las renuncias que presentaron los legisladores del MAS y que las acciones asumidas por la entonces senadora Áñez, se enfocaron en evitar una ruptura del orden constitucional.
Además, se señala a los tres jueces por haber tomado como un delito una “falta al reglamento” de las sesiones de la Asamblea Legislativa, por medio de la cual se definió nombrarla como presidenta.
“Por consiguiente, Jeanine Añez no actuó con dolo, no lesionó un bien jurídico protegido, y su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano. Por tanto, la sentencia condenatoria ejecutoriada adolece de error de subsunción, vulnerando la legalidad penal y falta de fundamentación lógica y fáctica, razones por las cuales la condena resulta incompatible con el principio de culpabilidad y el derecho penal del acto”, señala otra parte del AS 011/2025.
Ante estos argumentos, el TSJ resolvió anular la sentencia que se había dictado contra Áñez y declarar su absolución de los delitos de resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes. Asimismo, se instruyó al juez Cayoja que emita “de manera inmediata” el mandamiento de libertad. Dato curioso: el juez Cayoja sería pareja de la jueza Avilés, que dictó a sentencia que ahora queda nula.
Proceso a los acusadores
Los hijos de la expresidenta expresaron que lo primero que desean es reunirse en familia y que es probable que ella asista a los actos de posesión del presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edman Lara, el 8 de noviembre. Posteriormente, se tiene previsto que la exmandataria, después de cuatro años de encierro, retorne a su departamento, Beni, donde prevén que tendrá un gran recibimiento.
No obstante, posteriormente, junto a sus abogados se analizará las medidas legales que se asumirán contra quienes presentaron las denuncias del supuesto golpe de Estado, los fiscales, jueces y vocales que emitieron resoluciones e incurrieron una serie de vulneraciones constitucionales, de acuerdo a la explicación de la abogada Cuéllar.
Por su parte, Guillén, complementó que el auto supremo emitido por el TSJ, genera responsabilidad penal contra funcionarios del Gobierno de Luis Arce, que participaron en calidad de acusadores. Adelantó que se analizará el grado de responsabilidad de cada una de estas personas, por los cuatro años y medio de privación de libertad que sufrió su defendida.
“Si bien el auto supremo establece la ilegalidad de una sentencia, sino también otra serie de vulneraciones (…) la decisión del TSJ evidencia que hubo un uso arbitrario de las decisiones judiciales. Ya si la exmandataria lo decide u opta, se verá de realizar las acciones correspondientes por reparación de daños, porque fueron más de cuatro años y medio, en que se la privó de su libertad y no fue el único derecho de la que fue privada”, afirmó Guillén.
De acuerdo a los antecedentes, entre los acusadores de Áñez, figuran la exdiputada del MAS, Lidia Patty; el senador Andrónico Rodríguez; los exministros de Justicia, Iván Lima; de Gobierno, Eduardo Del Castillo; el exprocurador del Estado, Wilfredo Chávez; el exsubprocurador, Juan Kaleff Clemor.
Además, uno de los principales personajes en los procesos y sentencias que se dictaron contra Añez, jefes militares, policiales y exministros de esa gestión, es el fiscal anticorrupción, Omar Mejillones.
Asimismo, Guillén hizo un llamado al Consejo de la Magistratura, para que se realice una auditoría jurídica a todos los casos que se abrieron contra la exmandataria, los cuales debieron ser tramitados en la vía de un juicio de responsabilidades y no así en la vía penal.