El nuevo Gobierno continúa encontrando indicios de serias irregularidades heredadas de la anterior gestión estatal. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha hecho una preocupante revelación: aproximadamente el 30% del combustible subsidiado por el Estado boliviano podría estar siendo desviado al contrabando hacia naciones vecinas.
La directora de la ANH, Margot Ayala, presentó la estimación preliminar basándose en los análisis en curso. “No les doy datos oficiales, pero sí es lo que estamos viendo ahora, analizando”, declaró la autoridad este martes a los medios.
Ayala explicó que la entidad está realizando un análisis exhaustivo de los sistemas de control vigentes, incluyendo el B-SISA (Sistema Integrado de Seguridad de Abastecimiento), para detectar y combatir el desvío de carburantes, una práctica que califica de perjudicial para el país.
La directora de la ANH presume la participación de personal interno en estos ilícitos. Según sus declaraciones, “son funcionarios” de Sustancias Controladas, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la misma ANH “que están dilapidando los recursos del Estado a través de estos mecanismos” para facilitar el transporte ilegal de combustibles.
Ayala vinculó el problema a una cultura de impunidad. “Seguimos descubriendo, esto va a ir a auditoría y va a tener repercusiones porque otra de las cosas que hemos descubierto es que no solamente por la parte de falta de control (hay contrabando), sino por la falta de consecuencia es que la gente se ha acostumbrado a hacer lo que le da la gana”, agregó.
La ANH ha comenzado a tomar acciones directas. El pasado fin de semana, tras un control sorpresa ejecutado en la Planta de Almacenaje de Hidrocarburos de Senkata, en El Alto, la Agencia identificó a “mafias organizadas” operando en el desvío de combustibles subvencionados.
Como resultado de esta operación, se ha registrado un aprehendido y una persona con detención domiciliaria. Ayala señaló que este resultado “es una pequeña muestra” de las acciones que se están implementando para frenar el contrabando.
La directora advirtió sobre las repercusiones legales, buscando desestimar las críticas sobre la baja cuantía de algunas incautaciones. “A veces se hacen la burla y dicen ‘por tres bidones’. Pero por tres bidones hay gente en la cárcel y una cisterna está confiscada; entonces es una alerta a la gente que está involucrada en estas mafias”, sentenció.