El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que la Ley de Diferimiento aprobada por los legisladores de la administración del expresidente Luis Arce queda en suspenso hasta que la Justicia indique si es procedente o no.
Espinoza sostuvo que las entidades que representan al sistema financiero del país presentaron medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional observando el proceso “irregular que se ha seguido para la aprobación de la ley, por lo que habrá que ver que dice la justicia”.
“Nosotros nos vamos a ajustar a lo que diga el procedimiento si esa acción de medidas cautelares resulta procedente lo vamos a respetar. Vamos a esperar lo que diga la justicia respecto al procedimiento y haber como se va a gestionar ese mal procedimiento Legislativo”, sostuvo Espinoza.
Espinoza indicó que durante la aprobación de la Ley de Diferimiento, el proyecto original sale de Diputados donde es aprobado, luego pasa a Senadores y es modificada, por lo que “lo lógico hubiera sido que de Senadores vuela va Diputados para su tratamiento y en caso de que es diferencia persista recién se vaya a la Asamblea, pero lo que paso es que de Senadores paso directamente a la Asamblea, pues había la intención del Gobierno saliente generar confusión”, remarcó Espinoza.
¿Qué decía la Ley de Diferimiento?
Fue aprobada en la Asamblea el 31 de octubre y promulgada el 5 de noviembre.
La norma establece que las entidades financieras deben diferir automáticamente por seis meses el pago de cuotas de créditos de vivienda de interés social y de micro y pequeñas unidades económicas, incluyendo capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos.
Además, plantea beneficiar a 1,4 millones de prestatarios de acuerdo con el siguiente detalle: 100.071 en operaciones de créditos de Vivienda de Interés Social, 1.319.991 en operaciones microcrediticias y 12.960 en créditos a unidades pequeñas.