La Central Obrera Boliviana (COB), llama a un ampliado de emergencia para el 26 de noviembre. ¿El motivo? El dato de un proyecto de decreto supremo que busca que los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) dejen de pertenecer al régimen de la Ley General del Trabajo para pasar a la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público.
De concretarse la medida, para la COB esto significaría la pérdida de beneficios sociales, la restricción del derecho a la sindicalización. Esa posibilidad no pasó desapercibida por el ente matriz de los trabajadores del país.
El proyecto de decreto tendría el objetivo de institucionalizar YPFB y ENDE bajo criterios de transparencia, eficiencia y meritocracia, eliminando los sindicatos internos y obligando a su personal a migrar al régimen de servidor público.
Alerta
Ante esa posibilidad, la COB convocó a un ampliado nacional de emergencia para el miércoles 26, que se realizará en la sede de la Federación de Trabajadores Mineros de La Paz.
La dirigencia cobista anticipó su rechazo a la futura norma por ser “un atentado a la estabilidad laboral”.
En La Paz, la Confederación Sindical de Trabajadores de Luz, Telecomunicaciones, Aguas y Gas de Bolivia emitió un pronunciamiento el pasado 22 de noviembre, rechazando “de manera categórica” el proyecto de decreto, al considerar una amenaza a la estabilidad de los trabajadores.
La organización instruyó preparar todas las medidas necesarias para frenar su aplicación y remarcó que el personal operativo no tiene responsabilidad en problemas administrativos o financieros de las empresas públicas.
Por su parte, el sindicato de Trabajadores de ENDE-Cochabamba también rechazó el presunto cambio de régimen laboral al que considera ilegal para los derechos adquiridos.
Los dirigentes exigieron transparencia en el estado financiero de ENDE.
Y los representantes de los trabajadores del sector petroleros, confirmaron su participación en el ampliado convocado por la COB.
Días atrás el el ministro de Trabajo, Édgar Morales, señaló que la Ley General del Trabajo es “muy antigua” y “ya no se ajusta a nuestra realidad”, por lo que ha encargado a la dirección jurídica del ministerio revisar la normativa y proponer las modificaciones y mejoras necesarias.