El presidente Rodrigo Paz posesionó este martes a Hugo León La Faye como nuevo Procurador General del Estado, autoridad que asumirá la defensa legal de los intereses del Estado boliviano en los ámbitos nacional e internacional.
En su primer discurso, León afirmó que uno de sus principales desafíos será “reinstitucionalizar al Estado” y garantizar que la Procuraduría General “deje de ser un instrumento de persecución política”.
Añadió que su labor estará guiada por el retorno al Estado de derecho y los mandatos establecidos en la Constitución Política del Estado.
Recordó que entre las atribuciones constitucionales del Procurador están promover, defender y precautelar los intereses del Estado, además de asumir la defensa judicial y extrajudicial cuando estos se vean amenazados.
También subrayó su compromiso con la atención de denuncias y reclamos presentados por ciudadanos y entidades del control social.
León anunció que, siguiendo las instrucciones del presidente, su gestión se basará en una “Procuraduría de puertas abiertas y de cara al pueblo”.
Para ello, aseguró que trabajará de manera coordinada con el Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General del Estado, el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos.
Asimismo, garantizó que pondrá “toda la capacidad y el esfuerzo” para no defraudar la confianza del presidente ni del pueblo boliviano.
León integra desde 2016 el equipo profesional del bufete San Miguel Abogados Sociedad Civil, donde brindó asesoría jurídica a empresas industriales, constructoras y de servicios.
También ejerció como asesor legal externo de diversas instituciones públicas y privadas en Tarija. En el ámbito académico, fue docente universitario en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) y en la Universidad Católica Boliviana San Pablo.
León ocupó además la vicepresidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Tarija y se desempeñó como árbitro colegiado ante la Cámara de Industria y Comercio de Tarija (Caincotar), acumulando experiencia en mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Con su posesión, el Gobierno busca fortalecer la dirección jurídica del Estado y avanzar en el proceso de consolidación de la institucionalidad pública.