Bolivia atraviesa un momento crítico de su historia energética. Lo que fue durante décadas el principal proveedor de gas natural del Cono Sur enfrenta ahora un escenario adverso, con una producción declinante, reservas agotadas y un mercado regional que ya no depende de su oferta.
En una presentación virtual titulada “Bolivia atrapada entre dos potencias: qué debería considerar la nueva Ley de Hidrocarburos”, el experto Álvaro Ríos Roca, director de Gas Energy Latin America y ex ministro de Hidrocarburos, expuso un panorama que calificó como “desolador pero aún reversible”.
Según Ríos, Bolivia quedó “atrapada” entre Argentina y Brasil, países que ya se consolidaron como potencias hidrocarburíferas y que, en la próxima década, incrementarán su producción gracias al desarrollo del Presal brasileño y la expansión acelerada de Vaca Muerta en Argentina.
«Mientras esas naciones avanzaron con inversiones multimillonarias en exploración y producción, Bolivia no generó condiciones para atraer capitales y permitió que sus reservas se agotaran sin un recambio exploratorio significativo», afirmó.
Los datos comparativos son contundentes. Bolivia pasó de producir 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) a mediados de la década pasada a 31 MMmcd en 2024, y si la tendencia continúa, podría caer a apenas 5 MMmcd en 2035. En el mismo período, Brasil proyecta expandir su producción de 46 a 124 MMmcd, mientras que Argentina saltaría de 139 a 346 MMmcd gracias al crecimiento sostenido de Vaca Muerta.
En ese contexto, Ríos explicó que los antiguos clientes de Bolivia ya no necesitan garantías de abastecimiento: Brasil y Argentina aseguraron sus necesidades con importaciones flexibles de GNL y, en paralelo, desarrollaron sus recursos propios hasta posicionarse como potenciales exportadores. “Bolivia ya no tiene mercados cautivos”, remarcó.
La crisis se agrava por la situación financiera de YPFB, que pasó de generar utilidades por US$ 1.447 millones en 2014 a registrar pérdidas por US$ 1.446 millones en 2024. Ríos fue categórico al afirmar que la estatal “está prácticamente quebrada” y requiere una reestructuración profunda: frenar inversiones no prioritarias, auditar unidades, cerrar operaciones deficitarias, reducir personal y volver a un esquema competitivo y transparente. “YPFB necesita cirugía mayor, no ajustes marginales”, subrayó.
Si Bolivia no actúa con rapidez, el país enfrenta un riesgo que hasta hace pocos años parecía inimaginable: importar gas natural por un valor estimado de US$ 5.700 millones anuales hacia 2035. El problema, según Ríos, no es solo energético sino también fiscal, macroeconómico y de seguridad nacional.
Frente a este escenario, planteó una hoja de ruta urgente para la reforma del sector. Propuso que la nueva Ley de Hidrocarburos establezca precios internos alineados al costo de importación, un régimen fiscal competitivo que reconozca el riesgo exploratorio, un regulador independiente y despolitizado, y el fin del monopolio de YPFB, permitiendo que empresas privadas compitan en exploración, producción y comercialización.
También recomendó abrir el mercado de gas y líquidos, agilizar trámites en toda la cadena y garantizar el tránsito regional de gas para preservar infraestructuras estratégicas.
Ríos insistió en que Bolivia todavía tiene una última oportunidad para recuperar competitividad, pero advirtió que el tiempo es escaso: “Debemos dejar atrás la administración del declive y volver a construir una industria. Estamos entre dos gigantes; solo con reglas claras y decisión política podremos evitar un futuro de dependencia”.