Una semana después de intervenir la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), el Gobierno reveló un conjunto de irregularidades que, según las primeras auditorías, conforman una red de corrupción interna operada durante los últimos años de la administración del MAS, bajo el mando del expresidente Luis Arce.
Las autoridades anunciaron que el caso será remitido a la Fiscalía y que todos los implicados —funcionarios y privados— deberán responder ante la Justicia.
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, informó que solo en los primeros ocho días de intervención se cuantificó un presunto daño económico de Bs 95,5 millones, cifra que —según anticipó— podría aumentar conforme avancen las investigaciones. “Cada vez que avanzamos encontramos más corrupción y daño económico al Estado”, señaló.
Primer caso: Planta procesadora de papa (Chuquisaca)
Las irregularidades más grandes están vinculadas a la puesta en marcha de una planta procesadora de papa.
El daño económico asciende a Bs 41,4 millones, derivados de una póliza de caución falsa o adulterada, presentada por la empresa adjudicataria, además de pagos por Bs 25,7 millones en maquinaria que nunca llegó al país porque los equipos se encuentran retenidos en China.
Pese a los indicios de fraude, la estatal desembolsó recursos sin verificar la documentación ni la entrega real de equipamiento.
Segundo caso: Planta piscícola en el lago Titicaca
El proyecto, valuado en Bs 47 millones, presenta uno de los mayores desbalances entre los pagos realizados y la ejecución real, pues se pagó el 88,62% del presupuesto, pero solo se ejecutó el 34,68% de la obra.
Además, se compró alimento balanceado por Bs 148.000, el cual está vencido, pese a que la planta no está operativa. “Se pagó más de lo que se había construido. Es inconcebible que se compre alimento para una planta que no existe”, advirtió Justiniano.
Tercer caso: siembra de maíz en Guarayos y San Borja
Otro esquema irregular se detectó en los contratos para la siembra de granos, a cargo de la estatal porque se presupuestaron 1.200 hectáreas de maíz, pero solo se sembraron 175, pese a que se pagó el servicio completo.
Se proyectaba producir 2.600 toneladas, pero solo ingresaron 230 toneladas, con un daño de Bs 3,8 millones.
En San Borja, Emapa pagó Bs 2,6 millones para sembrar 500 hectáreas; sin embargo, no se produjo ni una sola hectárea. “En San Borja literalmente no se sembró nada. El dinero desapareció”, denunció la autoridad.
Cuarto caso: alquiler de maquinaria en Ixiamas y San Buenaventura
La intervención identificó otro pago irregular por Bs 484.000, destinados al alquiler de maquinaria para la preparación de suelos y siembra. Los productores denuncian que el servicio nunca fue prestado, a pesar del pago total.
Un patrón de manejo irregular. Justiniano explicó que Emapa administró este año un presupuesto de Bs 4.600 millones, pero no ejecutó ni la mitad. Pese a ello, los hallazgos muestran que los desembolsos sí se realizaron en contratos que nunca se cumplieron o que fueron ejecutados parcialmente, lo que abre la puerta a un daño millonario acumulado.
El ministro advirtió que los Bs 95,5 millones revelados hasta ahora “son solo el comienzo”. La intervención continuará revisando áreas adicionales y, según explicó, no se descarta llegar a cifras mucho mayores:
“Cada día encontramos más corrupción. El país está así por estas prácticas: un Estado quebrado, con incertidumbre y familias afectadas por el mal manejo de recursos públicos”.
Sin persecución política, afirma el Gobierno
Consultado sobre posibles vínculos con allegados al expresidente Arce —incluidos señalamientos sobre uno de sus hijos—, Justiniano afirmó que toda la información será investigada, pero descartó que la revisión tenga fines políticos.
“Vamos paso a paso. Lo que no vamos a permitir es que se diga que hay persecución cuando lo que hubo es daño económico al Estado”, dijo.
El Gobierno presentará denuncias penales contra todos los funcionarios y privados implicados en los contratos observados. Además, se analiza el futuro institucional de Emapa, que será definido por el presidente Rodrigo Paz una vez concluya la auditoría completa.
La intervención continuará en las siguientes semanas con más equipos técnicos, y el Ministerio de Desarrollo Productivo prepara un informe final sobre la magnitud total del daño económico acumulado durante los últimos años en la estatal.