El conflicto estalló en cuestión de horas. La Confederación de Panificadores anunció que, desde este jueves, el pan de batalla subiría de 50 a 80 centavos. La reacción oficial llegó de inmediato. En una conferencia de prensa junto a las alcaldías de La Paz y El Alto, el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, fue categórico:
“No se mueven el precio ni el peso del pan de batalla. El pan continuará en 50 centavos y el peso seguirá desde 60 gramos”, afirmó.
El Gobierno convocó a “los verdaderos panificadores” para definir “cómo se los seguirá apoyando” mediante la subvención estatal. El ministro advirtió, además, que existen “mafias” y “clanes” que, según la autoridad, se han beneficiado de la estructura de apoyo público hacia el sector.
En el terreno, sin embargo, algunos puntos de venta en el occidente del país ya comercializaban el pan a 80 centavos, según reportes locales.
Las alcaldías anunciaron controles inmediatos. El alcalde de La Paz, Iván Arias, reiteró que “no se puede mover el precio del pan” y solicitó al Ejecutivo evitar la fuga de dirigentes investigados por presunta corrupción.
La escena resume un problema que se repite cíclicamente: cuando la harina subvencionada escasea, el país entra en una pulseada entre productores y Gobierno por un alimento que, más allá de su valor nutritivo, tiene un peso simbólico y político evidente.
Un precio político que expone una estructura frágil
La crisis actual es la nueva expresión de un conflicto que lleva años acumulándose. En diciembre y enero, panificadores de La Paz y El Alto señalaron que la provisión de harina subvencionada había sido irregular. La preocupación llegó a páginas de EL DEBER, donde representantes del sector denunciaron pérdidas de hasta 63% cuando la harina estatal no llega a tiempo.
Esa diferencia se explica de manera sencilla: sin el precio subvencionado, el quintal de harina en el mercado libre cuesta mucho más que el suministro estatal. Para 2024 y 2025, panificadores relataron que, ante los retrasos de EMAPA, se vieron obligados a comprar harina en mercados donde el precio podía duplicar al subvencionado.
Se profundiza el subsidio millonario
El Gobierno sostiene que la subvención está garantizada. El Ministerio de Desarrollo Productivo informó públicamente, el 15 de enero de 2025, que EMAPA entregará 2,5 millones de quintales de harina durante este año para mantener el pan de batalla en 50 centavos.
La cifra no es menor. En 2023, la estatal ya había reportado la entrega de 2,1 millones de quintales, financiados parcialmente con compras de trigo al productor nacional por más de Bs 380 millones, según sus memorias institucionales.
El economista Julio Prudencio Böhrt, en su estudio técnico “Las subvenciones a los productos alimenticios. El caso de Bolivia” , reconstruye con datos del Presupuesto General del Estado la magnitud del subsidio entre 2009 y 2022.
Entre los hallazgos más relevantes figuran:
2.284,9 millones de bolivianos destinados a subsidios alimentarios entre 2009 y 2014.
En 2014, el monto llegó a 842,3 millones.
En 2015, se registraron 730,7 millones.
Entre 2009 y 2022, los subsidios ejecutados vía EMAPA sumaron 4.431 millones de bolivianos en acopio y comercialización (maíz, arroz y trigo).
Aunque el estudio no desagrega el total exclusivo para el pan de batalla, sí confirma que el trigo y la harina representan una porción central del gasto alimentario del Estado durante más de una década.
Importar para vivir
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), utilizando datos del INE, detalla que entre 2002 y 2014 Bolivia importó 2,2 millones de toneladas de harina de trigo, por un valor aproximado de USD 771 millones.
Además, la plataforma de comercio exterior del INE muestra que Bolivia cubre menos del 30% de su demanda interna de trigo. La ecuación es clara: el pan barato depende, simultáneamente, de la subvención estatal y de un flujo constante de importaciones.
Mientras la política y los sindicatos se cruzan acusaciones, en las calles la crisis se expresa de manera tangible: panaderías que reducen producción, consumidores confundidos, intendencias municipales en operativos y panificadores divididos entre quienes pueden mantener el precio y quienes lo consideran insostenible.