El presidente Rodrigo Paz abrió este lunes un nuevo frente de tensión económica e institucional al asegurar que los fondos de pensiones, administrados por la Gestora Pública en la gestión del MAS, no figuran en los registros actuales y que la entidad deberá ser reorganizada “de forma urgente” para transparentar su situación. En paralelo, el mandatario calificó la subvención estatal como un mecanismo “convertido en corrupción” y adelantó que su Gobierno revelará cifras “extraordinariamente escalofriantes” sobre el manejo de combustibles, harina y otros recursos fiscalizados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
“Si hay compañeros en esta sala que son aportantes… no hay sus aportes en la Gestora, se los gastaron. ¿Voy a decir que hay sus aportes? No hay los aportes”, afirmó, durante una conferencia de prensa, marcando una alerta en el manejo de la seguridad social de largo plazo.
El presidente Paz insistió en que su administración “trabajará con la verdad”, afirmando que el país necesita conocer las cifras reales antes de iniciar una reconstrucción de la institucionalidad previsional.
La denuncia se dio en un momento crítico, cuando el propio Gobierno reconoce que no cuenta con los recursos suficientes para cumplir compromisos salariales con sectores como médicos y maestros. “No podemos seguir gastando los recursos de los bolivianos para mantener una mentira que hoy nos deja sin 16 mil millones de bolivianos para pagar salarios”, remarcó.
El Ejecutivo prepara nuevas medidas orientadas a esclarecer el manejo de los fondos previsionales y ordenar las finanzas del Estado, en un contexto donde cada irregularidad encaja en una cadena de distorsiones acumuladas durante años.
En ese marco, Paz lanzó una afirmación contundente sobre otro pilar del gasto estatal: la subvención. “La subvención es corrupción”, dijo, en referencia al uso de los subsidios para beneficiar a grupos específicos, tanto en el sector de los panificadores como en los hidrocarburos.
“Tenemos que ayudar a la economía para que haya un precio justo, sí, pero no haciendo ricos bajo la excusa de recursos que han sido usados de mala manera”, añadió.
El jefe de Estado cuestionó que ciertos actores “hablen de subvención como si nada hubiera pasado”, al señalar el presunto daño económico causado por el desvío de harina de Emapa, un caso que ya involucra a exautoridades y dirigentes con órdenes de captura. Según adelantó, esta semana se revelarán “números extraordinariamente escalofriantes” sobre el manejo de subsidios en harina, gasolina y diésel.
Paz sostuvo que el Gobierno busca a “una serie de productores que le han robado al país con la harina” y aseguró que los escasos recursos estatales deben destinarse a “la producción” para reactivar la economía nacional.
Acciones inmediatas
La ofensiva gubernamental tuvo consecuencias inmediatas: operativos de unidades policiales y fiscales intervinieron distintas plantas de YPFB en varios departamentos. En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se ejecutaron acciones simultáneas para recolectar documentación, equipos de computación y ubicar a responsables de presuntas irregularidades que incluyen cobros indebidos, favorecimientos en adjudicaciones y desvío de combustibles.
En Senkata, El Alto, una de las plantas más sensibles del sistema, una persona fue arrestada por obstaculizar el ingreso de la comisión investigadora.
Según el fiscal Sergio Dávila, dos funcionarios impidieron inicialmente la labor de los fiscales y exigieron una orden de allanamiento, retrasando la aprehensión de dos investigados que ya no pudieron ser hallados. La actitud del jefe de planta que bloqueó el procedimiento será investigada.
El presidente ejecutivo de YPFB, Yussef Akly, confirmó que la intervención del Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) alcanzó distritos comerciales, redes de gas, oficinas administrativas y plantas operativas.
“Estas diligencias se ejecutaron en el marco estricto de las acciones de transparencia institucional, atendiendo denuncias sobre presuntos cobros irregulares, desvío de combustible y otros hechos de corrupción”, informó la autoridad en conferencia de prensa.
Según Akly, la estatal petrolera se considera “víctima” dentro de estos casos y se apersonará formalmente en todos los procesos penales abiertos. “Vamos a presentar las querellas correspondientes y colaborar de manera activa, plena y transparente con la investigación”, enfatizó.
El titular de YPFB reveló que, de acuerdo con investigaciones preliminares, el desvío de combustible podría alcanzar entre el 20% y 25% del producto comercializado anualmente. “Nuestras estimaciones hablan de un impacto de entre 800 y 1.000 millones de dólares al año”, afirmó, calificando el hallazgo como “alarmante” y señalando que el esquema tendría características de una estructura organizada.
A pesar de ello, Akly evitó adelantar conclusiones: “Nos hemos encontrado sorprendidos. En los próximos días se irá esclareciendo. Todo funcionario involucrado será puesto a disposición de la justicia”.
Debido a los operativos, algunas oficinas suspendieron temporalmente la atención al público. El presidente de la estatal aseguró que el servicio se normalizará “en las próximas horas” y garantizó el abastecimiento de combustible en todo el país. “YPFB reafirma su política de tolerancia cero frente a la corrupción, en cumplimiento del mandato del presidente Rodrigo Paz Pereira”, concluyó.