El Gobierno informó que el 80% de los $us 550 millones del préstamo gestionado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) se destinará a cubrir la deuda flotante heredada de la gestión de Luis Arce, acumulada durante los últimos dos años. Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, el financiamiento permitirá evitar la paralización de proyectos y garantizar el funcionamiento del Estado.
“Tiene que ver con una nueva forma de gestión de la economía, donde los recursos que llegan al país no implican una mera deuda, sino que empiezan a ser destinados para el fortalecimiento de las reservas internacionales, para lograr estabilidad económica, para fomentar el desarrollo de las regiones y básicamente para permitir la reestructuración de la economía boliviana”, expresó Espinoza en el pleno de Diputados.
El crédito enviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación, suscrito el 27 de noviembre de 2025 entre Bolivia y la CAF, alcanza un monto de hasta $us 550 millones, tiene un plazo de pago de 12 años con tres años de gracia, una tasa de interés variable SORF a 6 meses + 1,80% de margen, una comisión de compromiso de 0,35% sobre saldos no desembolsados y una comisión de financiamiento de 0,65% del monto total del préstamo. El plazo de desembolso será de 6 a 18 meses, y los gastos por evaluación ascienden a $us 25.000.
Según el ministro Espinoza, $us 429 millones del crédito se destinarán a la deuda flotante, principalmente de gobiernos subnacionales con proveedores impagos desde 2023. La medida busca dar oxígeno al Tesoro General de la Nación (TGN) y garantizar que los compromisos del Estado no se detengan.
La autoridad subrayó que hasta el momento el Gobierno recibió 1.790 cartas de acreedores, que evidencian la magnitud de los compromisos pendientes heredados de la anterior gestión.
Espinoza destacó que el crédito apoyará la continuidad y finalización de proyectos estratégicos en diferentes áreas. Entre estos se incluyen 11 proyectos de salud y equipamiento médico, 7 proyectos de medio ambiente y agua, 16 proyectos de innovación agropecuaria y forestal, 13 proyectos de educación en Oruro, Santa Cruz, el norte de La Paz, Potosí y El Alto, 6 proyectos de sistemas de agua potable y 5 proyectos de obras públicas, como el parque lineal, el tren metropolitano, y el aeropuerto de Villazón entre otros.
Algunos legisladores cuestionaron que sólo el 10% de los recursos se destine a inversión. “Tratamos un presupuesto de $us 550 millones y este préstamo no está diseñado para el desarrollo sino para tapar huecos financieros, el 80% está destinado para el pago de deuda flotante. $us 57,6 millones están destinados a inversión pública”, lamentó la diputada de Libre Nicole Rocha.
En la misma línea, varios legisladores de la alianza opositora solicitaron mayor detalle del destino de los recursos. “Estamos aquí para reconstruir la Bolivia quebrada que nos dejó el MAS, pero lo haremos entre todos y de manera responsable no vamos a darle un cheque en blanco como el masismo estaba acostumbrado”, expresó la diputada Lissa Claros.
Por el contrario, el diputado del PDC Manolo Rojas manifestó: “Si este crédito se rechaza y lo discutimos en la siguiente legislatura, no creo que la gente pueda aguantar ni un mes más y estoy siendo amable con el plazo de un mes”.
El debate sobre el proyecto de ley que aprueba el crédito de la CAF se extendió más de cuatro horas.
Crédito del BID
Al crédito de la CAF se suma el préstamo de $us 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el “programa de integración urbana: Parque Lineal para La Paz y El Alto. El mismo fue aprobado por dos tercios de apoyo con la inclusión de un parágrafo que establece que el Ejecutivo deberá brindar un informe cada cuatro meses al Legislativo.
El préstamo tiene un plazo de pago de 22 años, con 10 años de gracia, y una tasa de interés variable basada en SORF, a la que se suman un margen de fondeo de 0,41% y un margen de préstamos de 0,80%. Además, contempla una comisión de compromiso de 0,50% sobre los saldos no desembolsados, y un plazo de desembolso de hasta 5 años.
Este préstamo se suma al crédito de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) por 15.000 millones de yenes equivalentes a $us 95,9 millones que aprobó el pleno de los diputados el 11 de diciembre.
El ministro de Planificación, Fernando Romero, explicó anteriormente que el crédito japonés se utilizará para reponer los gastos ejecutados por el Estado entre 2021 y 2022 durante la emergencia por el Covid-19.
Romero señaló que el préstamo de JICA se destinará para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos pagos de salarios, y biene, todos orientados al tema de salud. El crédito de JICA tiene un plazo de 15 años, con cuatro de gracia y un interés de 0,01%.
El ministro Espinoza destacó que la deuda de Bolivia alcanza actualmente 28,8% del PIB, equivalente a unos $us 17.000 millones, aún por debajo del límite máximo de endeudamiento de 40% del PIB.