Las lluvias de los últimos meses en Bolivia desencadenaron riadas que arrasaron con comunidades enteras en al menos 25 municipios de Santa Cruz y del norte paceño, dejando un saldo provisional de más de 20 muertos y numerosos desaparecidos. Tipuani, Samaipata, El Torno, Colpa Bélgica, Warnes y otras zonas se vieron gravemente afectadas, mientras los daños materiales aún son incalculables (Vea la infografía).
Los ambientalistas coinciden que, aunque la lluvia fue el detonante, la magnitud del desastre no puede desligarse de la acción humana: expansión agrícola, deforestación, explotación de áridos sin control y actividades extractivas sin regulación .
La Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) atribuye la tragedia a desmontes ilegales acumulados durante décadas, especialmente en cuencas y subcuencas estratégicas. Desde 1996, se identificaron irregularidades que han debilitado la protección natural de los ríos y favorecido que eventos climáticos extremos se conviertan en tragedias humanas.
En el municipio de El Torno, la tala de árboles sin permisos y los asentamientos en franjas protegidas –las denominadas servidumbres ecológicas– eliminaron el escudo natural que estabiliza el suelo y absorbe el exceso de agua. Según Freddy Álvarez, presidente de la ABT, estas prácticas “han facilitado que las lluvias generen muertes, desapariciones y la pérdida total de cultivos en la región”. La institución revisa actualmente los archivos de administraciones anteriores para determinar posibles responsabilidades legales y planea presentar los primeros resultados técnicos ante la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.
El nexo bosque-clima se evidencia con claridad en el río Piraí, cuya historia registra la riada de 1983 como un recordatorio de los riesgos de degradar las cuencas. “Sin cobertura vegetal que regule el balance hídrico, nuestros ríos dejan de ser fuentes de vida y se convierten en amenazas latentes”, advierte Natalia Calderón en un análisis reciente. La degradación de los lechos fluviales por la explotación desordenada de áridos agrava el efecto de las lluvias torrenciales, afectando a miles de familias y acelerando la erosión de la tierra.
A esto se suma el modelo extractivista sin control. La diputada Cecilia Requena señala que las regalías pagadas por la minería y la extracción de áridos no compensan los desastres que estas actividades generan. La falta de supervisión de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y de los municipios ha permitido que operaciones ilegales alteren los cauces de los ríos, provocando daños que superan cualquier beneficio económico. “Lo que pagan los mineros no alcanza ni para vaciar las pozas que se crean por el desastre minero. El país, el bien común, está realmente perdiendo”, denuncia Requena.
El investigador de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, refuerza esta perspectiva: la combinación de lluvias extremas, deforestación y actividades extractivas sin regulación constituye un círculo vicioso que incrementa la vulnerabilidad de los municipios. Según Colque, la gestión territorial debe priorizar la restauración de cuencas y la gobernanza ecológica, no solo responder tras la tragedia.
La combinación de desmonte ilegal, explotación de áridos sin control, debilidad institucional y populismo político ha convertido un fenómeno natural previsible en una tragedia de enormes dimensiones.